El equipo de gobierno, del PSOE, sí acepta de la propuesta de Guanyem que se apliquen criterios sociales, por ejemplo cuando los concesionarios contraten nuevo personal. Deberá ser seleccionado a través del SOIB y en parte tendrán que ser parados de larga duración y mayores de 45 años. Las adjudicaciones se harán por primera vez a mano alzada, algo que a juicio del alcalde es «más transparente» que mediante la introducción del precio en un sobre cerrado, como se hacía hasta ahora.
A la pregunta de si se contempla también una nueva era en las playas de Sant Josep en lo relativo al ruido que procede de algunos chiringuitos, que las convierten en pistas de baile, el alcalde, Josep Marí Ribas, dijo que no le gusta «el ruido excesivo» en el litoral. Sí está de acuerdo con «algo ambiental que no distorsione la vida en la playa y siempre circunscrito a un negocio legalmente establecido».
«Una discoteca en la playa no me gusta y la combatiré», señaló: «De hecho ya hemos parado dos chiringuitos en Platja d´en Bossa». A su juicio, «hay negocios a los que se les va la mano y eso se ha de combatir». Paquita Ribas, segunda teniente de alcalde y responsable de la Policía Local, recordó que «aparte de la ordenanza de las playas existe la ordenanza de ruidos del municipio, que ya es bastante estricta». Otra cosa es que se aplique, como pudieron comprobar los vecinos de Sant Jordi la noche del pasado 2 de enero, que desde medianoche y hasta el amanecer soportaron el estruendo de una discoteca situada junto a los estanques de ses Salines. Ribas no tiene constancia de que pasara nada esa noche porque «no hubo ninguna llamada de ningún vecino» y porque nadie de la Policía Local le comunicó ni vio ni escuchó nada al respecto. El alcalde instó a denunciar estos hechos a través de la línea verde, una app de «consultas medioambientales» donde se notifican «incidencias» de residuos, aceras, alcantarillado, semáforos o plagas y donde resuelven «dudas» en menos de 24 horas.
