En el Juzgado de Violencia sobre la Mujer ha habido durante meses «disfunciones» y «tensiones», según diversas fuentes, que han afectado a su funcionamiento. Desde junio hay cuatro funcionarios de baja. Estos denunciaron la sobrecarga de trabajo que sufrían y que este no se repartía de forma equitativa entre todos. Además, fuentes del personal del juzgado dicen que tras las bajas, la entonces secretaria «guardó» los expedientes que ellos tramitaban.

A este respecto, fuentes de la Fiscalía explican que ante la situación de baja se solicitó ver el estado de los expedientes y que durante dos días se personó y comprobó algunos de ellos. Sin embargo, un tercer día, «los expedientes situados en las mesas donde habían estado el día anterior ya no estaban». Al no saber donde se encontraban, la Fiscalía consideró oportuno solicitar por escrito la entrega de los mismos «para resolver con más rapidez». Y a partir de entonces, en el mes de junio, le fueron entregando causas «poco a poco», si bien las denuncias de Sara Calleja no le llegaron.

También el juez titular de Violencia sobre la Mujer, Juan Carlos Torres, señala que cuando se incorporó voluntariamente los días 2 y 3 «las causas de los cuatro funcionarios ausentes no estaban a la vista en la oficina judicial».

A este respecto, la entonces secretaria -que cesó en julio- indica: «Los expedientes no desaparecieron, sino que se recogieron de las mesas par estudiarlos, para minutarlos, para comprobar lo que había pendiente; en fin, para trabajar. Unos se enviaron según los trámites a Fiscalía, otros se quedaron en el despacho, otros se asignaron a funcionarios que estaban presentes, según la prioridad en su caso o el contenido del trámite». Asegura que los expedientes «no han estado parados» y dice que algunas causas se guardaron en su «armario de seguridad» mientras se comprobaban y para que no ocurriera nada con ellos ya que por las tardes «puede entrar cualquiera» al juzgado.