El pescador furtivo sorprendido el lunes por la mañana por la Guardia Civil en aguas de la Reserva Natural des Vedrà, es Vedranell i els illots de Ponent, con dos langostas vivas en su embarcación, puede enfrentarse a graves sanciones económicas. En el peor de los casos, tendría que pagar hasta 120.000 euros.

Agentes de los Grupos Especiales de Actividades Subacuáticas (GEAS) dieron el alto al pescador en las proximidades de uno de los islotes del pequeño archipiélago de ses Bledes, que está enfrente de la costa de Platges de Comte.

El hombre, de nacionalidad francesa, estaba indocumentado y supuestamente utilizaba para pescar botellas de aire comprimido e hidrodeslizadores, ambos accesorios totalmente prohibidos para realizar la actividad de pesca submarina, según informó ayer la Guardia Civil.

Un día prohibido para la pesca

Los GEAS, que tienen su base en el cuartel de Ibiza, comprobaron que además la supuesta infracción se había cometido en una zona protegida y en un día «prohibido específicamente» para la pesca submarina.

Los agentes decomisaron las dos langostas vivas y las devolvieron al mar. Además, se incautaron de todo el equipo de buceo, incluida una bibotella (dos botellas de oxígeno juntas), que tampoco había pasado las inspecciones obligatorias, concluye el instituto armado.

El Consell de Ibiza informó ayer de que su departamento de Pesca ya ha recibido la denuncia de la Guardia Civil, que se tramitará conforme a lo que establece la Ley 6/2013, de 7 de noviembre, de pesca marítima, marisqueo y acuicultura en las Illes Balears, que a su vez dispone las posibles sanciones por cada tipo de infracción.

En el artículo 113 se considera una infracción grave ejercer la pesca profesional en zonas prohibidas o no autorizadas y otra capturar especies en época de veda. Si se confirma que el furtivo cometió estas dos infracciones, se podría enfrentar a sendas sanciones que oscilarían entre los 151 y los 60.000 euros cada una, según contempla la ley.

El gabinete de prensa del Consell recordó que además puede ser objeto de otras sanciones por otras vías, como la conselleria de Medio Ambiente del Govern balear, que tiene la competencia en los parques naturales del archipiélago.