La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Ibiza, María Luisa Bustillo, ha decretado el archivo del caso Eivissa Crea, por el cual figuraban como imputados el concejal del PSOE-Pacte en Vila Alfonso Molina y el exconseller de Economía de PSOE-ExC Joan Serra Mayans, además de un funcionario del servicio de Promoción Económica y Desarrollo Local. Sin embargo, se mantiene abierta la investigación de una pieza separada referente al alquiler y la reforma de un local en Cas Serres para la Iglesia Evangélica.
La juez ha decidido sobreseer la parte principal de la causa al no apreciar indicios suficientes de delito. Se investigaban las supuestas irregularidades cometidas la pasada legislatura en la contratación de personal y empresas vinculadas al proyecto Eivissa Crea. Molina no era concejal entonces, pero se vio implicado en esta causa por participar en el proyecto a través de varias de sus empresas de consultoría y formación. De hecho, una de sus empresas fue la que redactó el proyecto Eivissa Crea, desarrollado con fondos europeos.
La Fiscalía denunció los hechos en el juzgado a raíz de una denuncia anónima que recibió por correo en junio de 2009. La fiscalía Anticorrupción de Balears fue la destinataria del escrito de denuncia, en el que se citaban a once personas, pero esta la remitió a Ibiza al referirse el escrito a hechos acaecidos en la isla.
Por la instrucción de la pieza separada que afecta al local de la Iglesia Evangélica, también motivada por la denuncia anónima de 2009, están imputados el concejal de Eivissa pel Canvi, Vicent Ferrer, y el de PSOE-Pacte Enrique Sánchez. La pasada legislatura ambos eran los responsables de las concejalías de Promoción Económica y Bienestar Social, respectivamente. También están imputados el mismo funcionario que lo estaba por la causa de Eivissa Crea y el pastor de la Iglesia Evangélica.
El PP de Ibiza, que está personado en la causa, presentará un recurso de reforma en contra del archivo de la pieza principal. Las fuentes consultadas del PP apuntan que, en contra de la decisión que ha adoptado la juez, la documentación aportada en la causa sobre las adjudicaciones del proyecto Eivissa Centre revelan «irregularidades que pueden ser constitutivas de delito» que deben ser investigadas. El PP, que ejerce la acusación popular, también indica que la Fiscalía, que fue la que denunció los hechos, ni siquiera se ha pronunciado sobre el sobreseimiento de parte de la causa. Ningún representante del Ministerio Público asistió en febrero a las declaraciones de los imputados.
Satisfacción a medias en el PSOE
El concejal socialista Alfonso Molina aseguró ayer que «desde el principio» ya pensaba que la instrucción de la parte principal de la causa «no podía seguir adelante». Asimismo, manifestó su «impresión» de que sucederá lo mismo con la pieza separada que afecta al local de la Iglesia Evangélica. «Se ha empezado por una parte y creo que la juez también dará carpetazo a la otra», indicó.
El alquiler y la reforma del local para la Iglesia Evangélica estaba vinculado supuestamente con la afiliación de un grupo considerable de personas al PSOE de Ibiza. A petición de la acusación popular, la juez pidió a la dirección nacional del PSOE una diligencia para tratar de aclarar si el proceso para tramitar las afiliaciones en torno a este caso fue o no regular.
