El autor confeso del robo millonario en las oficinas del Grupo de Empresas Matutes, el policía nacional Rafael Rodríguez, incriminó al otro agente imputado en el caso, José Joaquín Fernández, durante una conversación que mantuvo en enero con un inspector en una cárcel de Castellón, donde está recluido en prisión preventiva. La entrevista, autorizada por el juez, fue grabada sin conocimiento de Rodríguez y ha sido aportada a la causa. Sin embargo, el abogado defensor de Fernández ha pedido la nulidad de esta diligencia por haberse obtenido vulnerando las garantías de su defendido, ya que Rodríguez no contó con asistencia letrada. El abogado que representa a la acusación del Grupo Matutes comparte también la probable nulidad de la grabación, dadas las circunstancias en que fue obtenida.
Según personas que han accedido a la transcripción, en la controvertida conversación Rodríguez admite que Fernández participó también en el golpe. Los investigadores de la Policía siempre han creído que Rodríguez tuvo que contar con la ayuda de al menos otra persona durante el robo porque el soplete con el que abrió la caja hizo saltar la alarma contraincendios y esta fue apagada con mucha rapidez, tanta que la Policía cree que no hay tiempo material de que lo hiciera el mismo ladrón.
El abogado de Fernández, Fernando Pamos de la Hoz, ha pedido la nulidad de la grabación y de su transcripción, porque entiende que vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva, el derecho a la intimidad de Rodríguez y el derecho a la defensa de su representado. En su opinión ese testimonio incriminatorio se obtuvo «con trampas» porque no se advirtió al recluso de que la conversación estaba siendo grabada e iba a aportarse al proceso, con lo cual no pudo pedir ni se le brindó asistencia letrada, de modo que fue «engañado de forma clamorosa» por el inspector, que actuó «al modo de poli bueno».
«Buscar el dinero»
Al parecer, el magistrado José Espinosa, instructor del caso, autorizó la reunión y grabación del encuentro en la cárcel de Castellón «para buscar el dinero y desentrañar la agresión» sufrida por José Joaquín Fernández en su casa de Sant Llorenç; sin embargo, sostiene su defensor, la «obsesión» del policía que viajó a Castellón era otra: «Sacar información mediante un ardid miserable» para «incriminar a nuestro defendido». Y añade el abogado en su petición de nulidad: «Repugna igualmente cómo le hace llegar la posibilidad de un acuerdo, si aparece el dinero, pues [José Joaquín Fernández] no tiene llave alguna de acuerdo posible». Concluye el letrado que el investigador «parecía más un emisario del denunciante [el Grupo Matutes] que un funcionario de Policía».
Según fuentes que conocen su contenido, en la grabación cuya legalidad se cuestiona, Rafael Rodríguez alude a dinero negro del grupo empresarial y a supuestos envíos del mismo al Caribe.
El robo al Grupo de Empresas Matutes se perpetró en la madrugada del 26 al 27 de octubre pasado. En su primera denuncia, la compañía cifró lo sustraído en solo 187.810 euros. Sin embargo, tras su detención y confesión, Rafael Rodríguez facilitó la localización de 1,5 millones más, hasta un total de 1.762.810 euros. A cada hallazgo de nuevas cantidades siguió una ampliación de las denuncias, hasta que finalmente Empresas Matutes elevó el botín del robo hasta 2,76 millones, uno más de lo recuperado. José Joaquín Fernández fue detenido después de que Rodríguez manifestara que le había entregado una bolsa con 800.000 euros para que se la guardara sin abrirla. Ambos policías habían trabajado como escoltas de Abel Matutes durante su etapa como ministro de Asuntos Exteriores y el autor material del robo trabajaba desde hacía años como vigilante en las oficinas del Grupo y residía con su familia en una vivienda anexa a las mismas.
Desde mediados de diciembre, José Joaquín Fernánez se halla en libertad provisional acusado de colaboración en el robo y con la prohibición de salir de la isla sin permiso del juez.
