­­El gestor imputado por un delito de apropiación indebida en mayo de 2012 a raíz de la denuncia presentada por un constructor cuyas gestiones fiscales llevaba en su asesoría, Juan Miguel Muñoz Aleñar, calificó de «absolutamente inciertas» las acusaciones vertidas sobre él y afirmó que «la exhaustividad» con la que desempeña su trabajo le permitirá «documentar la falsedad de todos los hechos referenciados, demostrando la cifra exacta» del dinero que le fue entregado y dónde se destinó.

Muñoz Aleñar, propietario de la yeguada de Sant Rafel, fue denunciado por el constructor por quedarse supuestamente con cantidades de dinero que él le abonaba para pagar a Hacienda o a la Seguridad Social. De acuerdo con sus cálculos, el gestor se podría haber apropiado fraudulentamente de 1,5 millones de euros.

En mayo de 2012, el asesor fue detenido y tras su paso a disposición judicial quedó en libertad provisional por orden del juez de guardia, José Espinosa. No obstante, el magistrado ordenó la incautación del dinero, joyas y cuadros intervenidos en los registros policiales (con un valor total que ronda los 800.000 euros) para hacer frente a posibles responsabilidades civiles, al tiempo que prohibió al imputado salir de la isla.

Más tarde, salió a la luz pública una nueva denuncia, esta vez de una extrabajadora del gestor, quien le acusaba también de otras irregularidades, así como de haberla instado a buscar a alguien para que matara a un vecino suyo o a que ella misma hiciera daño a la abogada de este hombre. Una sentencia del juzgado de lo Penal número 1 de Ibiza, firmada por la magistrada Clara Ramírez de Arellano, el 8 de marzo de 2021 ha condenado a esta antigua empleada de un delito de calumnias con publicidad, con la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas, por lo que tendrá que pagar una pena de 12 meses de multa a razón de una cuota diaria de dos euros, así como las costas procesales. La sentencia es firme, ya que la acusación particular ni la acusada ni la defensa han anunciado que no recurrirán. La mujer admitió los hechos y llegó a un acuerdo de conformidad con la pena pedida por la acusación, que es la que ha impuesto el juez. La sentencia pone de manifiesto que como consecuencia de las calumnias de la anterior trabajadora, el prestigio profesional de Muñoz “se ha visto comprometido de una forma sustancial”. El juicio oral se celebró en 2015.

«Los hechos que los denunciantes apuntan en sus respectivos escritos de denuncia son absolutamente inciertos», indicó Muñoz Aleñar en un comunicado por escrito en junio de 2012, donde sostenía que abarcaban «desde meras impresiones personales hasta gravísimas e infundadas acusaciones».

El gestor recordaba, en primer lugar, que aunque se habla de entre diez y doce delitos diferentes –la Policía Nacional, en el comunicado de prensa hecho público tras el arresto, le acusaba de delitos contra la Hacienda Pública, contra la Seguridad Social, de estafa, de falsedad documental y de blanqueo de capitales–, la única imputación trasladada por el juez fue la de una presunta apropiación indebida. «Concretada en la hipotética y negada apropiación de fondos que un cliente entregó en la gestoría con el mandato de destinarlos al pago de los tributos que gravaban su grupo de empresas», señaló.

En este sentido, Muñoz Aleñar defendió el resultado de estas tareas encomendadas y del resto de gestiones «han dejado un rastro documental de carácter público con plena eficacia probatoria que en breve», le permitirá demostrar «la mendacidad de las acusaciones» que le han dirigido.

El asesor comentó que las cifras de la presunta apropiación «oscilan en torno al 500%» y subrayó que sus más de 20 años de ejercicio profesional «en un sector severamente controlado y fiscalizado» sin que le conste «ni un solo reproche disciplinario, deontológico ni, por supuesto, jurisdiccional».

En su opinión, tras la presentación de la denuncia se esconde «un mecanismo de elusión de las responsabilidades personales en las que el principal denunciante podría haber incurrido», sostuvo. Así, insistió en que el constructor supuestamente buscaba «una vía que le permita sortear las consecuencias derivadas de la grave situación de crisis económica que atravesamos y las responsabilidades en las que puede haber incurrido durante los últimos ejercicios».

Muñoz Aleñar resaltó en 2012 «el enorme daño personal, familiar y profesional» que se le estaba causando esta situación, reiteró su «absoluta inocencia» y confió en que se demostraría «en breve».