­El senador José Sala admitió ayer que la exploración del fondo marino próximo a las Pitiusas en busca de yacimientos de gas o hidrocarburos se llevará a cabo porque ha sido imposible revocar las autorizaciones concedidas en 2008 por el Gobierno a la compañía Cairn Energy. Hace apenas tres semanas Sala y el diputado Enrique Fajarnés afirmaban confiar en que el ministro de Industria y Energía anularía los permisos y más rotundos todavía se mostraron a finales de enero tras reunirse con José Manuel Soria: «Tenemos el compromiso del Ministerio de que no se harán».

Sala explicó que él y Fajarnés se reunieron la semana pasada con responsables del Ministerio de Industria para que les aclararan «lo ocurrido en este aparente cambio que no ha sido tal». El senador aseguró que el ministro «mantendría si pudiera su voluntad de revocar las autorizaciones» para los sondeos, pero los informes técnicos y jurídicos recibidos lo hacen imposible. Señaló que el problema no es que la revocación resultara muy costosa, sino que «el derecho comunitario europeo y la seguridad jurídica que exige hacen que ni siquiera pagando se pueda revocar porque se podría entrar en un ilícito penal».

El senador destacó que las autorizaciones se concedieron durante la pasada legislatura y que son algo que José Manuel Soria «se ha encontrado hecho». Sala afirmó que el titular de Industria y Energía «mantiene su idea pero no la puede aplicar en este momento», pero ha puesto a los representantes pitiusos en contacto con técnicos del Ministerio que les han tranquilizado. «Solo hay un sondeo cercano a Ibiza y está a 50 kilómetros, los otros están a cien. Nos han confirmado que ese sondeo autorizado no afectará para nada al ecosistema marino, ni al medio ambiente ni a la flora y fauna. Es una cosa muy sencilla y no provocará ningún tipo de problema», indicó ayer Sala.

Esta actitud del PP contrasta con la mantenida por esta formación la pasada legislatura y por lo manifestado el 23 de marzo por su presidente en Ibiza, Miquel Jerez, quien afirmó: «Este rechazo es comprensible porque, entre otras cosas, nuestro modelo económico no está asociado con la construcción de plataformas a 30 kilómetros de la costa y la creación de nuestra riqueza está vinculada a la industria turística, a la que tenemos que prestar especial atención, como a la preservación del entorno, que es nuestro principal atractivo». Jerez añadía entonces: «Debemos ser vehementes en la insistencia para que las autorizaciones que el Gobierno de [José Luis Rodríguez] Zapatero otorgó se reviertan».

Prospección sí, extracción no

El senador ibicenco defiende ahora que la intención de Madrid es no autorizar la explotación posterior, sin embargo no es un ´no´ rotundo sino con matices: «Saben que si realmente hubiera una gran cantidad de petróleo se encontrarían con un problema y se tendría que reconsiderar la cuestión». Sala anima a «no anticipar el problema» y asegura que los estudios geológicos previos no apuntan a la existencia de grandes bolsas. En cualquier caso, si se hallara petróleo en abundancia «y no se pudiera extraer por ningún otro sitio, habría que replanteárselo y se contaría con todas las instituciones».

Preguntado sobre la imposibilidad de garantizar que no habrá futuras extracciones tras haber autorizado los sondeos, el político afirmó que «se puede garantizar, pero no se garantiza». «Parece ilógico que teniendo la autorización de sondeo no se autorice luego, si es que es positiva, la extracción. Pero la voluntad del Ministerio es que no sea así, aunque saben que si hubiera una cantidad de petróleo de mucha consideración, tal vez el país no está en condiciones de oponerse a que haya una explotación energética de estas características. Pero parece ser que no será así», argumentó el senador, que asegura que el Industria no tiene confirmación formal de la compañía Cairn Energy sobre la fecha de inicio de los trabajos, aunque se ha barajado octubre de 2012.

Según Sala, los técnicos afirman que el sondeo no tendrá «repercusión de ningún tipo» y que apenas será visible porque no habrá «ninguna gran instalación» en el lugar. «El Ministerio es consciente de que todas las instituciones y los partidos políticos de Balears están en contra. Lamenta que esto ya era así en la pasada legislatura, pero los correligionarios de los que gobernaban en Madrid no les hicieron ni puñetero caso y nos encontramos en una situación en la que habrá que esperar para ver cómo evoluciona», aseveró. «Para especular no se dará ninguna autorización, tendrá que estar confirmado que haya una fuente energética de sumo interés, no para la compañía que va a explotar, sino para el país», aseveró.

«No somos tontos»

La diputada del PSOE por Ibiza Sofía Hernanz calificó de «decepcionantes» las declaraciones de Sala y repletas de «incoherencias». «Los ciudadanos de las Pitiusas no somos tontos. Si se hacen prospecciones, evidentemente es porque si se encuentra petróleo se van a hacer extracciones. Decir otra cosa es intentar tomar el pelo a la gente», indicó.

En su opinión, el mensaje de todas las instituciones y ciudadanos ha sido claro: «No se desean esas prospecciones. Vivimos del turismo y puede arruinarnos esa industria. Si se llega a encontrar petróleo, los ibicencos no vamos a vivir de él. Vivirá la empresa que lo encuentre. Nuestro pan depende de la industria turística que últimamente esta siendo permanentemente atacada». Hernanz critica que Sala y Fajarnés actuen como «portavoces de un ministro» cuando «su obligación es oponerse activamente a las prospecciones».

La reacción«Sí se puede parar»

Hernanz afirma que la prospecciones podrían detenerse si hubiera voluntad de hacerlo y reconoce que fueron autorizadas por el Gobierno socialista, pero matiza que a posteriori ha habido un pronunciamiento unánime en contra. «Si se cometió un error ahora se está a tiempo de solucionarlo», sentencia.

Menos «voceros»

La diputada socialista asegura que tiende la mano al PP para defender juntos los intereses de los ciudadanos de Ibiza y Formentera. Asegura estar preocupada porque los representantes del PP actúen únicamente como «voceros» de los ministerios y no defiendan la economía de las islas.