La consellera de Política Social y Sanitaria en funciones, Patricia Abascal, asume «la responsabilidad» de que el Govern no haya cumplido sus compromisos económicos con el Consorcio Sociosanitario que gestiona la residencia de Can Blai, entre otros servicios, y que ha provocado un déficit y el impago desde 2008 de las cuotas de la Seguridad Social de los trabajadores. En todo caso, en el recurso presentado ante la Tesorería de la Seguridad Social, el Consell alega que le corresponde a la Comunitat Autònoma saldar la deuda contraída.
«La responsabilidad es mía. Así de claro porque aunque en las juntas rectoras aprobábamos los presupuestos y decíamos que existía este déficit y el Govern balear lo reconocía, no se llegó a aportar. Mi gran error fue en su momento no haber denunciado si acaso el convenio por la falta de dinero», destaca Abascal, que, no obstante, justifica que el Consell entendía que había que seguir adelante con la gestión y anteponer los intereses de los usuarios de los servicios a crear «un conflicto» con el Govern balear y «la desaparición» del consorcio. «Hubiera sido una irresponsabilidad por parte nuestra. Y el Govern siempre nos decía que acabaría poniendo dinero cuando mejorase la situación económica. Incluso la exconsellera balear de Asuntos Sociales Fina Santiago lo asumió, pero el exconseller de Hacienda luego dijo que no, que no reconocía la deuda histórica que planteábamos», agrega.
Mensaje de «tranquilidad»
Abascal ofreció ayer una rueda de prensa, en la que estuvo presente (no a su lado) el gerente del Consorcio Sociosanitario, Vicent Torres, para transmitir «un mensaje de tranquilidad» a usuarios de los servicios y a la plantilla del consorcio (unas 150 personas) ante las informaciones publicadas en los últimos días sobre los problemas económicos que padece. La consellera en funciones informó de que a día de hoy el consorcio solo adeuda la factura de 2,2 millones de euros a la Seguridad Social (400.000 euros de recargo) más un millón de euros a proveedores.
En los últimos tres años el Govern solo ha aportado 177.000 euros de las anualidades extraordinarias acordadas de 1,5 millones cada una para cubrir el cien por cien del coste de cada plaza de Can Blai. Abascal explicó que cada plaza tiene un coste de 93 euros por día y que un usuario de grado tres de dependencia (el más alto) ha de pagar un máximo de 65 euros por día. Sin embargo, ninguna persona cobra una pensión tan alta para hacer frente a esta cuantía, por lo que se hace una media en función de sus posibilidades económicas. Torres indicó que los usuarios ponen de su bolsillo una media de 15 euros por día. La diferencia hasta los 93 euros debe cubrirlos el Ejecutivo autónomo porque es «la Administración competente en cumplimiento de la Ley de Dependencia», recalcó Abascal. El Govern aporta por convenio 2,2 millones de euros, a lo que añaden los 1,5 millones anuales acordados por la Junta Rectora del Consorcio, según Abascal, para cubrir este déficit. Los problemas de liquidez de este organismo, que provocan que cada mes se pague con retraso la nómina de los trabajadores, se deben a la falta de este pago por parte del Govern balear.
Amago del Consell de plantarse
Torres explicó que en 2008 se pactó con la Tesorería de la Seguridad Social un aplazamiento de los pagos de las cuotas de los trabajadores para salvar la situación (dar prioridad a los salarios y servicios prioritarios, según Torres), pero que en 2009 el organismo dependiente del Ministerio de Trabajo dijo basta y ordenó el pago de todos los retrasos. «Esto provocó el descalabro», reconoció el gerente del consorcio, que relató que, en agosto de 2009, cuando se encendió «la luz de alarma», en una reunión en Palma con la consellera Fina Santiago los representantes del Consell pusieron sobre la mesa «las llaves» [de Can Blai] porque «la situación era bastante desesperante». Pero no tuvo consecuencias, ya que todo siguió igual. «Le planteamos que se lo quedase», añadió Abascal.
Ahora la Tesorería de la Seguridad Social reclama al Consell y al Govern como corresponsables solidarios del consorcio el pago de los 2,2 millones, con la advertencia de que lo cobrará a cuenta de las cantidades que ambas administraciones perciben por su participación en los tributos del Estado. Contra esta resolución, el Consell ya ha presentado un recurso, en el que, según Abascal, la institución insular defiende que «la Comunitat Autònoma debe asumir la deuda porque no ha hecho las aportaciones económicas que le corresponden y que han sido reconocidas y aprobadas en las actas de la junta rectora del consorcio, constituida por el Consell y el Govern». «Lo siento. El Govern dice que no es culpa suya, pero debe asumir su responsabilidad», insiste.
