El PSOE se apoyó ayer en los votos de PNV y CiU para rechazar la inclusión en la Ley de Economía Social de la enmienda que salió del Senado con los votos del PP, el grupo mixto y parte de la Entesa Nacionalista, con el objetivo de derogar los permisos concedidos por el Gobierno central para la realización de prospecciones petrolíferas en aguas próximas a las Pitiusas.
El bloqueo de la iniciativa contra las prospecciones salió adelante con los 177 votos de socialistas y nacionalistas vascos y catalanes frente a los 148 votos de populares, IU y ERC. En concreto, en la disposición derogatoria presentada por el diputado del PSM Pere Sampol y bloqueada en el Congreso, se indicaba: «Se derogan los reales decretos ley 1771/2010, 1773/2010, 1774/2010 y 1775/2010 de 23 de diciembre por los que se conceden permisos de investigación de hidrocarburos en distintas zonas del Mediterráneo». Posteriormente a estos reales decretos, el pasado 22 de enero el Consejo de Ministros concedió los permisos necesarios para iniciar las exploraciones submarinas.
La primera solicitud para realizar sondeos la presentó en 2006 la empresa Medoil (absorbida más tarde por Cairn Energy), y se centraba en zonas cercanas a la costa levantina (junto a la Albufera, Gandía y Benifaió). Más tarde, en julio de 2008, la empresa, a través de su filial Capricorn Oil, amplió la solicitud a dos franjas marítimas más, las denominadas Altamar 1 y Altamar 2, que incluyen ocho puntos de búsqueda a menos de cien kilómetros de las Pitiusas (el más cercano está a 40 kilómetros, como adelantó este diario en su edición del pasado domingo).
El PSOE se defiende
A pesar de la tormenta política y social que han provocado los permisos para buscar crudo en el mar, tan cerca de la costa pitiusa, el presidente del Consell de Ibiza, el socialista Xico Tarrés, ofreció ayer una «serie de datos» que, según asegura, relativizan este asunto. «Estamos hablando de una primera fase que no es otra cosa que trabajo de despacho; la segunda fase sí prevé el uso de sondas (para la exploración del subsuelo marino), pero para eso necesitan el permiso de las administraciones locales y, desde luego, no tendrán el del Consell de Ibiza», afirmó.
En el mismo sentido se pronunció el diputado socialista José Manuel Bar, quien fue más allá y recordó que estos sondeos «no tienen absolutamente nada que ver con los al menos 12 que concedió el PP cuando gobernaba», ya que antes de llevar a cabo las prospecciones, la empresa debe cumplir con la Ley de Impacto Ambiental «que aprobó un Gobierno socialista en 2008, que da unas garantías de seguridad que antes no existían».
Precisamente, y en el caso de las zonas más próximas a las Pitiusas, Altamar 1 y Altamar 2, el real decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del 22 de enero permite tres sondeos. Según este texto, durante los primeros dos años de la concesión, que prevé una inversión de 41 millones de euros, la empresa llevará a cabo «recopilación de toda información sísmica, magnética, gravimétrica, de sondeos y geológica relevante para la investigación, incluidas las digitalizaciones que sean necesarias». También realizará una «campaña geológica en los afloramientos costeros y análisis en laboratorios de las muestras recolectadas para identificar rocas potenciales generadoras y almacenes, así como modelados geoquímicos y mapas de facies». En esta primera etapa la compañía está obligada a iniciar los «trámites ambientales necesarios para las actividades de exploración previstas en el siguiente periodo, incorporando los planes de gestión y planes de contingencia apropiados». La inversión mínima en esta fase es de 160.000 euros.
El tercer y cuarto año se contempla el «registro, procesado, interpretación sísmica y su integración en los estudios realizados durante el primer periodo», así como la «definición y clasificación de prospectos perforables» y la «selección del emplazamiento del primer sondeo». Este paso requieren de una inversión mínima de cinco millones de euros.
En el BOE se explica por fin que el primer sondeo se hará el quinto año, en el tercer periodo del proyecto, debiéndose iniciar también los trámites ambientales para los siguientes. Esta fase contempla una inversión de 12 millones de euros.
Por último, dentro del cuarto periodo, el sexto y último año de vigencia de la concesión, la empresa podrá realizar dos sondeos y la posterior evaluación de los resultados que generen. El gasto en la última fase del proyecto no podrá ser inferior a 24 millones de euros.
Tarrés indicó que el visto bueno para las prospecciones «se otorgó cuando gobernaba en Madrid [José María] Aznar», e insistió en la postura «absolutamente en contra» de la institución ibicenca al proyecto petrolífero en aguas del canal de Valencia. «Nuestro petróleo es el turismo y sería una barbaridad que se hicieran sondeos cerca de nuestras costas», añadió.
Bar, por su parte, acusó a los populares de llevar a cabo una política de «demagogia absoluta» y con «visos electoralistas». El diputado indicó que la Ley de Economía Social en la que se ha intentado incluir la enmienda derogatoria «no tiene nada que ver con energía, no sé a qué viene utilizar este texto legislativo», y criticó al PP por «dar publicidad negativa a algo que ellos hicieron durante años», en alusión a la concesión de permisos para sondeos. «Desde 1994 -agregó- se han concedido 27 autorizaciones y de ellas, al menos 12 las otorgó el PP con [Abel] Matutes como ministro. Y ahora desbarra contra estas autorizaciones. Es incoherente», razonó.
Por último, Bar dijo suscribir el sentido de las iniciativas aprobadas por el Govern, los consells y ayuntamientos pitiusos contra estas exploraciones. «Me parece correcto -dice- porque han hecho una exposición cautelar de una preocupación. A nadie le gusta que le hagan sondeos delante de casa», señaló. No obstante, el diputado insiste en que al menos durante la primera fase del proyecto «no se tocará el fondo del mar ni se harán sondeos». Al igual que Tarrés, matizó que se trata de «trabajo de despacho».
