Nueve años después de que se iniciara la construcción ilegal de una red de construcciones en la zona de es Camp Vell, en es Amunts, simulando ser antiguas casetas de piedra, la acción de la justicia y de las instituciones políticas han logrado eliminar ya cinco de las seis edificaciones levantadas por los propietarios de dos fincas. El jueves fue derribada por el Consell de Ibiza la mayor de las construidas, situada en la cima del Puig des Camp Vell, junto a la torre de vigilancia forestal allí existente. Esta falsa ruina había acabado convirtiéndose en un pequeño chalet con varias dependencias.

En 2001 los celadores comprobaron que se habían construido seis estructuras repartidas en varios puntos de un paraje estrictamente protegido por numerosas normativas y declarado absolutamente inedificable. Aparte de la actuación de la justicia, que acabaría condenando a los dos responsables de estas obras –un ciudadano alemán y una española–, el Consell acordó en 2002 la demolición de estas construcciones, al no ser legalizables.

A raíz de la sentencia recaída en los juzgados de Ibiza contra la mujer que impulsó cuatro de las seis falsas ruinas, ella misma llevó a cabo el derribo de las que construyó, tal y como exigía la resolución judicial.

La estructura ahora derribada se encontraba en la finca vecina propiedad de un alemán y había venido eludiendo la orden administrativa de demolición. En agosto de 2007 el Consell le hizo un primer apercibimiento de derribo como responsable del cumplimiento de la obligación de restaurar la legalidad incumplida y se le advirtió de que, transcurrido el plazo sin que demoliera la casa, lo haría el Consell por sus propios medios, pasándole luego la factura de los costes. La única caseta que aún queda en pie está también en trámites para su derribo.

Cuando se denunciaron los hechos, hace nueve años, los celadores descubrieron que se trataba de casetas hechas a base de piedras naturales de la zona, unidas con cemento, imitando una ruina antigua. Los responsables de estos hechos, además, habían solicitado posteriormente un certificado de antigüedad al Ayuntamiento de Sant Antoni con la presumible intención de poder ampliar luego estas construcciones y convertilas en chalets. Algunas de ellas, incluso, presentaban falsas placas municipales de vivienda.

Desde el primer momento, todas las administraciones implicadas –especialmente el Ayuntamiento de Sant Antoni y el Consell– desplegaron las acciones legales necesarias para desbaratar esta operación inmobiliaria ilegal que hubiera arruinado un espacio declarado Área Natural de Especial Interés (Anei), Lugar de Interés Comunitario (LIC) y Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA). La Fiscalía, por su parte, impulsó la vertiente penal, que se saldó con sanciones a los responsables.