Permitir que un empleado trabajara sin contrato puede costar tres años a la cárcel a J. A. Ch. S., apoderado de una conocida empresa de distribución de aves en la isla, principalmente pollos congelados. Además, la fiscal solicitó el pago de una multa de 9.900 euros (once meses con una cuota diaria de 30 euros) para el acusado en la vista oral celebrada ayer en el Juzgado de lo Penal número 2 de Ibiza.
La juez Martina Rodríguez acordó suspender el juicio hasta el próximo 27 de octubre, puesto que no se presentó un testigo que el Ministerio Público considera clave para poder dejar la causa vista para sentencia.
El padre del acusado montó un negocio en Valencia en 1973 dedicado a la venta de pollos. En 1983 instaló una sede en Ibiza, que se fue ampliando poco a poco, por lo que cinco años más tarde se trasladaron a una nave del polígono de Can Bufí, que tiene 5.000 metros cuadrados.
Sin curso de riesgos laborales
En 2002 un trabajador argentino entró a formar parte de la empresa. «No tenía contrato, trabajaba de lunes a sábado, algunos festivos, y no recibí ningún curso sobre riesgos laborales», explicó este hombre en el juicio. Un día estaba manejando un toro mecánico para transportar palés con cajas de pollos congelados.
Sufrió un accidente y le tuvieron que dar seis puntos de sutura en un brazo. Estuvo un año de baja y desde entonces no puede levantar más de diez o quince kilos, según explicó el letrado de la acusación particular. Además, sufre una incapacidad parcial para trabajar.
Ya ha recibido una indemnización después de una sentencia del Tribunal de lo Social pero la acusación cree que es insuficiente, por lo que el letrado solicitó que J. A. Ch. S. pague 28.200 euros. Además, la acusación pide que se le condene a dos años y cuatro meses de prisión.
«Desconozco que el trabajador estuviese contratado sin Seguridad Social», comentó el acusado.
Su padre, dueño de la empresa, dijo que no le hicieron contrato porque no pudieron regularizar su situación en España. «Pagamos el viaje y lo trajimos desde Argentina porque allí estaba pasando hambre», explicó este hombre, y añadió no recordar qué horario hacía el trabajador y si le pagaban horas extras y vacaciones.
Una inspectora de trabajo recordó que en 2004 la empresa fue sancionada con 7.000 euros por esta contratación irregular, multa que ya ha sido pagada.
En el juicio también declararon cuatro trabajadores de la empresa. Todos dijeron que los dueños sí pagaban las horas extras.
La celebración del juicio se ha demorado tanto tiempo debido a que la fase de instrucción ha sido larga ya que no estaba claro si el acusado debía ser J. A. Ch. S. o su padre, puesto que uno figura como apoderado y otro como administrador de la empresa, según explicó la representante del Ministerio Fiscal.
Un año de baja
En el año 2002 el trabajador sufrió un accidente mientras transportaba cajas de pollos con un toro de cargar palés. Le dieron seis puntos de sutura en un brazo y estuvo un año de baja.
