Juzgan a una pareja de Baleares por tener el mayor criadero ilegal de tortugas de Europa

La Audiencia de Palma inició ayer el juicio contra una pareja de alemanes por tener en una finca de Llucmajor en 2017 y 2018 el mayor criadero ilegal de tortugas de Europa. Ambos están acusados de un delito contra la fauna en su modalidad de posesión y tráfico de especies protegidas, otro de contrabando y blanqueo de capitales.

La fiscalía solicita para cada uno de ellos una condena de cinco años y medio de cárcel, multas de más de un millón y medio de euros y su inhabilitación para ejercer cualquier tipo de profesión relacionada con la tenencia y comercio de animales por un periodo de cuatro años, así como que también sean inhabilitados del ejercicio del derecho a cazar y pescar durante cuatro años.

La Guardia Civil les intervino en junio y julio de 2018 más de mil ejemplares vivos de más de 70 especies distintas, todas ellas amparadas en el Convenio CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres), valorados en más de medio millón de euros. Se trataba de tortugas acuáticas, terrestres, de bosque y galápagos, muchas de ellas de especies protegidas.

El ministerio público mantiene que el principal encausado, un ciudadano germano de 54 años, y su compañera sentimental, de 38, poseían multitud de quelonios para su cría, reproducción y posterior venta, pese a que ninguno de ellos “ostentara la condición de criador para la cría y comercialización de especímenes CITES en España” en la finca de Llucmajor.

Además de esta pareja de alemanes, figura como acusado un intermediario, un español de 58 años, que tenía una tienda de reptiles en Barcelona y que presuntamente participaba en la compraventa de los animales protegidos. Este hombre se enfrenta a una petición de pena de dos años de prisión del fiscal por un delito contra la fauna. En agosto de 2018, los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil se incautaron en su establecimiento y en su casa de 58 ejemplares.

La vista oral, que empezó ayer por la mañana en la Sección Primera de la Audiencia Provincial, se prolongará hasta la semana que viene. Los tres sospechosos serán interrogados al final del juicio, tal como solicitaron ante el tribunal.

Cuestiones previas

Los abogados defensores pidieron la nulidad de las intervenciones telefónicas, de las entradas y registros domiciliarios y de la incautación de los especímenes vivos al plantear que se habían vulnerado derechos fundamentales de sus representados. Mientras, el fiscal se opuso a las cuestiones previas formuladas y defendió que los autos judiciales acordados eran legales. Según su versión, no se ha vulnerado el derecho de defensa, ni el derecho a la intimidad. “Es un auto más que motivado”, indicó el ministerio público, en referencia a las escuchas telefónicas acordadas.

Respecto a los autos judiciales que autorizaban los registros en el verano de 2018 en las dos parcelas rústicas de Llucmajor y en un inmueble en s’Arenal, el fiscal subrayó que estaban “fundamentados”.

La Sala manifestó ayer en la primera sesión del juicio que resolverá las cuestiones previas planteadas por las defensas cuando dicte sentencia. Por tanto, hay que esperar a la prueba que se practique en el plenario.

Uno de los letrados solicitó la nulidad del auto del 7 de junio de 2017 en el que se solicitaba a diversas entidades bancarias la documentación y datos financieros de la pareja sospechosa. “Se accede a todos los movimientos de las cuentas corrientes. No existe justificación alguna. Es una vulneración del derecho a la intimidad”, destacó. “Mi cliente es criador autorizado en Alemania desde 1994”, agregó.

Por su parte, el ministerio público argumentó que la Guardia Civil investigaba la actividad laboral de ambos. “Ella solo figura en una clínica veterinaria, pero de él no consta ninguna actividad laboral desde 2011”, señaló la acusación pública.

La defensa pidió la nulidad de todas las diligencias practicadas y planteó la prescripción del tráfico de especies. Además, indicó que se había roto la cadena de custodia y apuntó a una presunta negligencia en el mantenimiento de las tortugas incautadas, que fueron trasladadas al centro Natura Parc, ya que muchas murieron allí. “Se incineraron los cadáveres. Se destruyó la prueba esencial. Esto genera indefensión”, insistió uno de los letrados. El fiscal le respondió: “La cadena de custodia en ningún momento se quebranta. Los ejemplares fueron identificados, catalogados, fotografiados… No creo que se tenga que hacer el ADN a las tortugas”.

El tribunal recalcó que no va a ser objeto de enjuiciamiento el hecho de que los quelonios fallecieran ni si hubo mala praxis, ya que esto no figura en el escrito de acusación.

Según la fiscalía, la pareja encausada poseía multitud de ejemplares en la finca de Llucmajor tanto adultos como crías y huevos. Ambos disponían de una importante logística destinada a la cría y reproducción de tortugas. Contaban con varias filas de piscinas de plástico, terrarios y dos habitaciones de la casa con neveras e incubadoras donde incubar los huevos. La acusación sostiene que pusieron en riesgo la biodiversidad de las especies afectadas con la actividad que desempeñaban y la venta de los ejemplares protegidos.

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