Las inmobiliarias rechazan limitar la compra de viviendas que no sean para vivir en Baleares

La Asociación de Agencias Inmobiliarias Nacionales e Internacionales (ABINI) ha mostrado su rechazo a la propuesta planteada por el Gobierno de España para limitar la adquisición de viviendas destinadas a usos no residenciales en regiones como Canarias o Baleares, con el objetivo de contener los precios y facilitar el acceso a la vivienda a jóvenes y colectivos vulnerables.

Desde ABINI consideran que se trata de una medida intervencionista, que no aborda las causas reales del encarecimiento del mercado inmobiliario y que puede generar efectos contraproducentes tanto en la economía como en la confianza de los inversores. El presidente de ABINI, Dani Arenas, señala que "restringir la compra de vivienda no va a resolver el problema del acceso si no se incrementa de forma efectiva la oferta. El encarecimiento del mercado responde principalmente a la falta de suelo disponible, a la lentitud de los procesos urbanísticos y a la ausencia de una política de vivienda sostenida en el tiempo”.

"Mensaje negativo a la inversión"

Arenas advierte además de que este tipo de iniciativas “introducen una preocupante inseguridad jurídica y trasladan un mensaje negativo a la inversión, en territorios que ya presentan importantes limitaciones estructurales por su condición insular y fragmentada”. En su opinión, "penalizar determinados usos o perfiles de compradores no solo no abaratará la vivienda, sino que puede frenar la actividad inmobiliaria, afectar al empleo y reducir la oferta a medio y largo plazo”.

Desde la asociación subrayan que vincular el problema de la vivienda únicamente a la demanda “es un enfoque simplista que elude responsabilidades políticas acumuladas durante años, como la falta de planificación urbanística, la escasa promoción de vivienda protegida o la excesiva burocracia administrativa”.

En este sentido, Arenas recalca que “abrir la puerta a limitaciones de compra por criterios de uso o procedencia sienta un precedente peligroso, difícilmente compatible con los principios de libertad de mercado, seguridad jurídica y confianza inversora que deben regir en el ámbito de la Unión Europea”.

ABINI insiste en que la solución al problema del acceso a la vivienda pasa por medidas estructurales, como la agilización de licencias, la liberación de suelo finalista, el impulso de la colaboración público-privada y el aumento real de la oferta de vivienda asequible. “Sin estas actuaciones, cualquier restricción será meramente cosmética y de dudosa eficacia social", concluye Arenas.

Suscríbete para seguir leyendo