Once mil alumnos podrían cursar religión islámica en Baleares, pero solo lo hacen 727

La reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears (TSJIB), que obliga al Govern a garantizar la enseñanza de religión islámica en colegios públicos de Palma, ha vuelto a poner el foco sobre una realidad que en Baleares ha tardado en asumirse: que miles de niños y niñas musulmanes del archipiélago no pueden cursar la asignatura que les corresponde por derecho, como hacen los estudiantes de familias católicas.

Según datos de la conselleria de Educación y Universidades la religión islámica se imparte actualmente, de libre elección para los estudiantes, en 12 centros educativos del archipiélago. Hay 727 alumnos matriculados y cinco docentes. Aunque la cifra de centros ha aumentado respecto a 2020-2021, cuando por primera vez Baleares empezó a ofrecer esta materia (una de las tres últimas CCAA en hacerlo), sigue siendo una cobertura mínima si se compara con los más de 11.000 alumnos potenciales que hay en las islas, según el estudio demográfico realizado en 2024 por el Observatorio Andalusí y difundidos por la Unión de Comunidades Islámicas de España (UCIDE). La cifra de alumnos potenciales residentes en las islas ha crecido un 27% (unos 2.300 niños y adolescentes más) y la diferencia entre la demanda y la oferta educativa es abismal: apenas un 6 % del alumnado musulmán en edad escolar accede a clases de religión islámica.

Un fallo judicial que puede marcar un precedente

La sentencia del TSJIB responde a la demanda de una familia que reclamó el derecho de su hija a recibir religión islámica en un colegio de Palma. El tribunal reprocha a la Conselleria no haber ofrecido respuesta ni alternativas y le ordena garantizar la enseñanza en un centro público de proximidad. El fallo reconoce expresamente la vulneración del artículo 27.3 de la Constitución, que protege el derecho de los padres a elegir la formación religiosa y moral de sus hijos. Cabe recordar además que los Acuerdos de Cooperación firmados por el Estado en 1992 con la comunidad musulmana recogen también este derecho, refrendado a nivel autonómico cuatro años después (aunque no fue hasta 2019 que por primera vez un Govern balear firmó un convenio con los representantes de la Junta Islámica para empezar a materializar este derecho en los colegios públicos).

La resolución judicial puede convertirse en un punto de inflexión. El Govern ha dicho que estudiará cómo "encajar" la sentencia y se ha comprometido a reactivar la negociación del nuevo convenio, anunciado el curso pasado pero hasta ahora paralizado. Más familias acudieron a los tribunales con esta reclamación, así que se espera que vayan llegando más sentencias.

Comparativa con otras comunidades

Uno de los retos para implantar esta materia es que debe haber profesorado para impartirla. La falta de profesorado no es exclusiva de Baleares, pero aquí alcanza una de las proporciones más bajas del país. Cataluña, con más de 104.000 alumnos musulmanes potenciales, cuenta también con solo cinco profesores, mientras que Madrid tiene 57 y Murcia 44. La desigualdad territorial en la aplicación de los acuerdos con la Comisión Islámica de España deja a muchas comunidades sin capacidad real para garantizar este derecho.

En Baleares, la situación se agrava por la dispersión geográfica y la falta de continuidad entre etapas educativas. La asignatura se ofrece únicamente en algunos centros de Primaria y no llega a secundaria, lo que limita la continuidad formativa del alumnado.

El temario y los criterios de evaluación los propone la Comisión Islámica, son revisados por el ministerio de Educación y son públicos. En cuanto al profesorado, así como el Obispado propone a los profesores de Religión Católica, la Comisión Islámica plantea candidatos para impartir Religión Islámica, profesionales que deben tener un grado universitario; el máster requerido para ejercer la docencia y el nivel de catalán que se exige a todo el profesorado de las islas. En este sentido, Ihab Fahmy, coordinador de la Comisión de Educación de la entidad, explicaba a este diario que piden a la Conselleria que se pueda contratar a profesores de Religión Islámica sin el título de catalán con el compromiso de acreditarlo en el plazo de dos años.

Una comunidad en crecimiento

El déficit educativo contrasta con el peso creciente de la comunidad musulmana en las islas. Según el último estudio de UCIDE y el Observatorio Andalusí, Baleares cuenta con 73.076 personas de confesión musulmana, cifra que ha crecido un 30% en seis años. El 40% de sus miembros son de nacionalidad española. Entre los musulmanes de origen extranjero, la nacionalidad marroquí es la más numerosa, con 29.500 personas, seguida por la senegalesa (5.112), la pakistaní (2.378) y la nigeriana (1.909). En total, el archipiélago registra 69 comunidades islámicas locales, la mayoría integradas en la Comisión Islámica de España.

Este crecimiento demográfico, unido al incremento de niños nacidos en familias musulmanas españolas, hace prever que la demanda de enseñanza religiosa seguirá aumentando en los próximos años.

Más allá de las aulas

El estudio de UCIDE también señala otros ámbitos donde la comunidad musulmana encuentra carencias: falta de cementerios islámicos, de espacios de culto en algunos municipios y de asistencia religiosa en hospitales o prisiones. La organización concluye que la aplicación de los acuerdos de cooperación entre el Estado y la Comisión Islámica sigue siendo “asimétrica y desigual”, especialmente en comunidades insulares.

Mientras tanto, el reto educativo sigue siendo el más visible y urgente. Con más de 11.000 alumnos potenciales y solo cinco profesores contratados, Baleares refleja con claridad una paradoja: la existencia de un derecho reconocido que, en la práctica, apenas llega a las aulas. La demanda de estas familias reaviva además otro debate y críticas por parte de un sector que aboga directamente por sacar todas las religiones de los colegios públicos. El tema tiene también su arista ideológica y política y el curso pasado generó un enfrentamiento (uno más) entre Vox y el PP cuando la formación ultra (que rechaza esta asignatura al considerarla " una creencia religiosa que presenta frecuentes choques con nuestras costumbres, con nuestra cultura y nuestra civilización occidental") acusó al Govern de fomentarla (algo que Educación se apresuró en desmentir).

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