PP y Vox aprueban el decreto que permitirá construir en suelo rústico en Baleares

El Partido Popular y Vox han aprobado esta tarde en el Parlament el decreto ley del Govern que permitirá reclasificar suelo rústico para poder construir más vivienda en Baleares. Ambos partidos llegaron ayer a un acuerdo para incluir las exigencias de la formación de Santiago Abascal para ampliar la construcción en urbanizable a todos los municipios de las islas, ya que en un principio el decreto estaba pensado solo para Ciutat.

El acuerdo permitirá autorizar que las áreas de transición (suelo rústico) puedan clasificarse como suelo urbanizable para construir más viviendas en aquellos municipios que superen los 20.000 habitantes. En este caso, serán los ayuntamientos, mediante acuerdo en el pleno, los que decidan si se reclasifican estos suelos rústicos. Así, los municipios que podrían sumarse a esta medida en el caso de Mallorca serán Palma, Calvià, Marratxí, Llucmajor, Alcúdia, Inca y Manacor. En la isla de Ibiza, se podrán sumar todos los municipios menos Sant Joan.

PP y Vox alcanzan un acuerdo para construir vivienda en suelo rústico

Además, según explica el conseller de Vivienda, José Luis Mateo, el 50% de estas edificaciones que se construyan en las áreas de transición deberán ser destinadas a viviendas de protección pública (VPO) o de precio limitado. Asimismo, se deberá ceder al ayuntamiento un 15 % del aprovechamiento para construir vivienda de protección pública.

Mateo defiende que estas medidas servirán para paliar la falta de vivienda asequible ante una "demanda social de primer orden" y asegura que el Govern está obligado a adoptar "medidas extraordinarias" porque el problema de suelo y vivienda "no ha dejado de crecer" y se ha convertido en un "foco de malestar social". Además, reitera que el Pacto de Francesc Antich ya permitió construir viviendas protegidas en las áreas de transición de crecimiento catalogadas como suelo rústico que se encuentran junto a las áreas urbanas.

El decreto reivindica el conseller, permitirá agilizar los plazos para que sea "más efectiva y viable", con el objetivo de simplificar la tramitación de los proyectos estratégicos, así como desbloquear y optimizar los terrenos urbanizables para obtener más vivienda asequible. Todo ello con el requisito de al menos cinco años de residencia para acceder a uno de estos inmuebles.

El decreto posibilitará la reducción sustancial en los plazos de tramitación de los proyectos residenciales, que actualmente llegan a superar los diez años y que de esta forma se podrán realizar en un periodo de 18 a 24 meses. Se trata de una de las reivindicaciones que con más insistencia se han venido haciendo durante los últimos años por parte de las asociaciones empresariales vinculadas al sector inmobiliario.

Vox se felicita por torcer el brazo del PP

Por su parte la portavoz de Vox, Manuela Cañadas, celebra que el PP haya cedido a sus exigencias para cerrar un acuerdo: "Vox no ha regalado sus votos, ha arrancado compromisos. No caímos en la trampa de aplaudir un decreto que nacía equivocado y respondía a un interés partidista, que no garantizaba un desarrollo del territorio y se limitaba únicamente al municipio de Palma cuando la emergencia habitacional afecta a todos los municipios". Además, apunta que el decreto inicial "no tenía justificación alguna" e ignoraba las áreas de transición, por lo que dejaba fuera "centenares de hectáreas", lo que hacía que el decreto fuera "inviable" hasta que se han incluido modificaciones "de sentido común".

Pilar Costa, del PSOE de Ibiza: «La nueva norma para recalificar suelo rústico no es para viviendas de residentes»

Asimismo, acusa a la izquierda de "movilizar a todos los subvencionados y afines para poner palos en las ruedas a los acuerdos conseguidos con generosidad" en referencia a las críticas de organizaciones como el GOB: "No se puede arreglar un problema estructural con parches y titulares vacíos, hay que dejar de criminalizar a quienes invierten su patrimonio en un inmueble porque el intervencionismo no soluciona sino que destruye".

También enfatiza la importancia de la agilización urbanística "donde hoy la burocracia lo impide", las bonificaciones fiscales al alquiler habitual y que los propietarios "no sean rehenes de la okupación y los impagos".

Críticas de la oposición

El portavoz del PSIB-PSOE, Iago Negueruela, denuncia que el Govern aprueba un "pelotazo" de 670 millones de euros que regala a los promotores inmobiliarios con el decreto y alerta de que estas medidas supondrán un crecimiento de la población que no estaba previsto en el plan general de Palma cuando la ciudad no cuenta con los servicios públicos necesarios para acoger a todas estas personas en los nuevos barrios que se van a crear.

Además, asegura que las viviendas que se construirán no están pensadas para los trabajadores de Baleares porque los salarios actuales hacen imposible acceder a una hipoteca para inmuebles que superan los 300.000 euros. "Esto no va de mejorar la vida de la gente de aquí, sino de generar segundas residencias", advierte.