La política turística de Ibiza ha de preservar la calidad de vida de los residentes

Esta semana se han convocado en Ibiza dos concentraciones para protestar por la pérdida de espacios públicos para los residentes a causa de la masificación turística y para reivindicar también la recuperación de lugares tradicionales de esparcimiento para la población ibicenca. No se trata -aún- de movilizaciones significativas, pero no dejan de ser las primeras expresiones de un malestar cada vez más extendido por la forma en que el negocio turístico va erosionando la calidad de vida de los residentes. La concentración del puerto o la ‘xindriada’ de Cala Saladeta pueden ser ahora acciones testimoniales y anecdóticas, pero el problema de fondo no lo es en absoluto. Es una realidad incuestionable que está ahí y que hemos de afrontar cuanto antes.

El turismo es la principal, y casi única, fuente de riqueza y empleo de Ibiza y Formentera, pero, como ocurre también en otros lugares, la concentración de visitantes en un territorio limitado y en un periodo de tiempo reducido supera la capacidad que tenemos para gestionarlos y se producen efectos negativos no deseados, comenzando por el brutal encarecimiento de la vivienda residencial y continuando con la insuficiencia de las infraestructuras y servicios públicos, desde la asistencia sanitaria o el abastecimiento de agua hasta la red viaria, los transportes, la limpieza o el saneamiento. De este modo, la vida cotidiana de los residentes se ve cada vez más perjudicada. Si cada vez es más difícil comprar o alquilar una vivienda, si la proliferación de establecimientos orientados exclusivamente al visitante hace desaparecer también el comercio de proximidad y los negocios tradicionales, si las concesiones con precios inaccesibles invaden las playas y el espacio público va privatizándose en detrimento de su libre uso y disfrute, es sólo cuestión de tiempo que crezca el malestar y muchos residentes vayan perdiendo el sentimiento de pertenencia al ver que su propia tierra está dejando de ser para ellos. Y los responsables políticos que no reconozcan esta realidad, es que están ciegos. Decirlo, hacer este simple diagnóstico, no es caer en la turismofobia, sino defender el papel y los derechos de los residentes.

De ninguna manera hay que enfrentar turismo y población residente, sino trabajar para encontrar el punto de equilibrio. Pero teniendo en cuenta que, en las circunstancias actuales, el elemento fundamental de cualquier política turística no ha de ser el interés y el bienestar del turista, sino del residente. Por eso sería necesario incorporar también a los residentes a la gobernanza turística. Las decisiones sobre el modelo turístico de Eivissa no deberían tomarse únicamente desde las administraciones o desde el sector empresarial. Asociaciones de vecinos, sindicatos, entidades cívicas y organizaciones sociales deben disponer de canales efectivos para expresar sus necesidades y participar en la definición de las políticas turísticas. En este sentido, incluso Formentera puede ser una referencia, ya que implementó hace tiempo, desde su propio Consell, mecanismos efectivos y estables de participación ciudadana en las grandes decisiones estratégicas de la isla. Pero Eivissa carece de ellos.

En todo caso, la primera herramienta de una política turística moderna es la planificación, que significa establecer límites, ritmos y procesos. Parece de una sensatez elemental, pero lo cierto es que en Eivissa ha sido imposible siempre planificar con rigor. Cualquier destino turístico necesita establecer su capacidad de carga y fijar restricciones drásticas cuando determinadas infraestructuras, servicios o espacios alcanzan niveles críticos de utilización, pero aquí nunca se ha querido hacer porque nadie quería asumir la responsabilidad de imponer las medidas de contención necesarias para hacer cumplir los límites. La restricción de entrada de vehículos en Eivissa no deja de ser por ahora la (muy tardía) excepción que confirma la regla. Una segunda estrategia consistiría en distribuir mejor los flujos turísticos y desestacionalizar, pero no sólo promocionando el turismo en los meses de la temporada media y baja, sino también impidiendo activamente que la afluencia pueda seguir creciendo en los meses de más saturación.

También es fundamental que una parte mayor de los beneficios del turismo revierta en la población local, y hemos visto cómo en las últimas décadas se ha producido una paulatina deslocalización de la propiedad de los negocios del sector turístico, que han ido pasando a manos de empresas ajenas a las Pitiüses, de manera que los beneficios que antes alimentaban directamente la economía local, ahora se van fuera y ya no lo hacen en la misma proporción.

Convendría también cambiar el concepto de éxito turístico. Durante décadas se ha medido por el aumento del número de visitantes, pernoctaciones o gasto. Estos indicadores siguen siendo importantes, pero deben complementarse con otros: satisfacción de los residentes, accesibilidad a la vivienda, calidad del empleo, conservación ambiental, presión sobre los servicios públicos y distribución de los beneficios.

Hoy en día, un destino turístico de éxito ya no es aquel que consigue atraer cada año más visitantes, sino el que es capaz de generar prosperidad sin deteriorar todo aquello que hace posible esa prosperidad, ya sea el entorno natural o la convivencia armónica con los residentes. Alcanzar este nuevo modelo de éxito requiere planificación, regulación, diálogo y una distribución más equilibrada de costes y beneficios. Pero -no dejaremos de subrayarlo- preservar la calidad de vida de los residentes es una condición indispensable para garantizar que el negocio turístico siga siendo en el futuro la fuente de riqueza y prosperidad que ha sido hasta ahora. Porque cuando un destino deja de ser habitable para quienes viven en él, tarde o temprano también dejará de ser atractivo para quienes lo visitan.