Una isla que precisa límites

Ha llegado el momento de plantear una política de transformación, tanto a escala global como insular y municipal. Y es que no hablamos de una amenaza futura ni de un escenario hipotético. Nos encontramos en un escenario que presenta una crisis ecológica y climática que obliga a revisar nuestra forma de producir, consumir, ordenar el territorio y gestionar unos recursos naturales cada vez más limitados.

La ciencia lleva años advirtiendo la necesidad de poner límites. En 2025, nos indicaron que siete de los nueve procesos fundamentales que contribuyen a mantener la estabilidad del sistema Tierra han traspasado el umbral que separa lo seguro de la incertidumbre. Esto no significa que mañana vaya a producirse un colapso global, pero sí que estamos aumentando la presión sobre los sistemas naturales de los que depende nuestra propia supervivencia.

Y, si esto es problemático a escala global, también lo es en un territorio insular, y esta realidad adquiere todavía mayor importancia. Una isla dispone de un territorio limitado, recursos hídricos limitados, ecosistemas sensibles y una capacidad limitada para absorber determinadas presiones. Esto no podemos olvidarlo ni obviarlo.

Y este creo que sigue siendo uno de nuestros principales problemas: seguimos intentando gestionar una realidad ecológica nueva con criterios políticos y económicos propios de una época en la que todavía parecía posible ignorar los límites.

La escasez de los recursos hídricos se sitúa como uno de los ejemplos más evidentes. Sin embargo, sería un error reducir el debate exclusivamente a determinar si tenemos mucha o poca agua. La verdadera pregunta es otra: ¿quién utiliza el agua, en qué cantidades, para qué actividades y bajo qué prioridades?

Cuando un recurso comienza a ser escaso, su gestión deja de ser únicamente una cuestión técnica para convertirse también en una cuestión política. Decidir qué usos son esenciales, cuáles pueden limitarse y cuáles son difícilmente justificables significa decidir cómo se distribuyen los costes de esa escasez.

Por ello, no parece razonable exigir responsabilidad a la ciudadanía de forma reiterada mientras se autorizan determinadas actividades que pueden mantener consumos difícilmente compatibles con el discurso institucional sobre sostenibilidad. Tampoco resulta coherente desarrollar campañas públicas de ahorro mientras se autorizan o toleran ciertos usos ornamentales o prescindibles de cantidades significativas de agua, pese a que sean lícitas.

Y el principal ejemplo debe comenzar en las instituciones y sus gobernantes. No podemos construir una cultura colectiva de responsabilidad si el mensaje que recibe la ciudadanía es contradictorio: austeridad para unos y permisividad para otros.

Aquí aparece, además, una cuestión que considero fundamental: no todo lo legal es necesariamente sostenible.

Durante demasiado tiempo hemos confundido legalidad con legitimidad ambiental. Una actividad puede disponer de todos los permisos administrativos necesarios y, sin embargo, generar un impacto ecológico difícilmente justificable en las circunstancias actuales. Que una determinada utilización de los recursos sea legal no significa que sea sostenible, o justa o socialmente deseable.

La sostenibilidad tampoco puede consistir en pedir pequeños sacrificios individuales mientras permanecen intactas las estructuras que generan las mayores presiones sobre el territorio. Ahorrar agua, reducir el consumo energético o reciclar son comportamientos necesarios, pero no pueden utilizarse como mecanismo para trasladar toda la responsabilidad ambiental al individuo mientras las grandes decisiones económicas, urbanísticas y territoriales permanecen fuera del debate. De ahí la necesidad de limitar este crecimiento descontrolado en el que parece que estamos inmersos.

Durante los últimos años, además, la sostenibilidad se ha convertido en una palabra prácticamente obligatoria en cualquier discurso institucional. Tenemos planes sostenibles, movilidad sostenible, turismo sostenible, estrategias sostenibles y desarrollo sostenible. Pese a los esfuerzos de algunos gobiernos autonómicos, la realidad es la que tenemos: la evidencia de nuestro día a día.

Pero repetir continuamente una palabra no transforma la realidad.

Existe el riesgo de caer en una suerte de greenwashing institucional: construir un relato político de sostenibilidad mientras las decisiones materiales continúan reproduciendo el mismo modelo de ocupación territorial, consumo de recursos y crecimiento que ha contribuido a generar nuestros actuales problemas.

Una administración no es sostenible porque se declare sostenible. Lo será cuando sus políticas urbanísticas, hídricas, energéticas, económicas y territoriales sean coherentes con los límites ecológicos existentes. Y esto es muy diferente a las políticas de contención.

Esa coherencia a la que me refería debe poder evaluarse. Son necesarios indicadores públicos, objetivos verificables y mecanismos que permitan conocer no solamente cuánto dinero se destina a políticas ambientales, sino también si estas políticas están reduciendo realmente nuestra vulnerabilidad.

También debemos asumir que una parte de los impactos climáticos ya está ocurriendo y que será necesario adaptarnos. Los territorios insulares presentan una mayor vulnerabilidad ante el aumento de las temperaturas, las sequías, los cambios en las precipitaciones, los fenómenos extremos y la subida del nivel del mar.

Pero adaptación no puede convertirse en sinónimo de resignación.

Adaptarnos significa anticiparnos: revisar la ordenación urbana, recuperar vegetación y suelos, proteger las zonas de recarga hídrica, mejorar la eficiencia de las redes, reutilizar agua, conservar los ecosistemas estratégicos, reducir nuestra vulnerabilidad y evaluar los efectos acumulativos de las actividades que autorizamos.

Y significa, sobre todo, aceptar una realidad elemental: en un territorio limitado no todo puede crecer indefinidamente.

Esta afirmación resulta incómoda porque cuestiona uno de los grandes dogmas de nuestro modelo económico. Pero precisamente por eso necesitamos discutirla.

Durante años hemos asociado el progreso con hacer más: construir más, consumir más, recibir más, producir más. Quizás haya llegado el momento de comprender que gobernar responsablemente también consiste en saber cuándo debemos establecer límites.

Establecer límites no significa estar en contra del desarrollo. Significa preguntarnos qué entendemos por desarrollo y cuáles son las condiciones ecológicas necesarias para mantener una sociedad habitable a largo plazo.

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