Regularización masiva

Mientras la declinante diplomacia francesa –Talleyrand podría estar removiéndose en su tumba– y la tontología española se han puesto de acuerdo en condenar de un modo solemne el gambazo entre irónico y tautológico de Mariano Rajoy en un artículo sobre fútbol, el tema de la inmigración sigue coleando en medio de un rosario de inquietudes. Igual sucede con la financiación y, no digamos, la vivienda, que continúa sin parecer un problema lo suficientemente dramático para ocupar el tiempo de los políticos en búsqueda de solución.

Ante la avalancha de regularizaciones, Extranjería considera que España tendrá que asumir en un año tres millones de inmigrantes en situación legal. Es el resultado de que por cada persona regularizada se sumen otras tres debido a la reagrupación familiar, que puede ser admitida además cuando existen antecedentes penales. Las solicitudes han sido más del doble de las inicialmente previstas, y de ese error de cálculo se deriva el actual disparate. Es voluntad del Gobierno que entre todo el mundo, pero ello puede traer consigo la quiebra del sistema. Y no se trata, según aseguran los expertos, de una advertencia caprichosa.

La cuestión migratoria, planteada de esta manera, rebasa cualquier principio de solidaridad o el hecho indiscutible de que una regularización como es debido resulta beneficiosa para cualquier país. No se trata ya de ese debate, ni siquiera de si Europa está perdiendo su identidad con la llegada constante de inmigrantes de otros continentes. El verdadero problema es que un aumento rápido de la población puede ejercer una presión insoportable sobre servicios públicos ya constreñidos como la sanidad y la educación, la vivienda y las ayudas sociales. Igual que puede dificultar la integración, favorecer la economía sumergida y aumentar la percepción de competencia por el empleo y los recursos. Si las instituciones no cuentan con capacidad suficiente para gestionar estos cambios, surgirán tensiones sociales y políticas. Hay demasiados ejemplos.

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