El próximo desalojo de Punta Xinxó: que esto sea el principio del fin

Hay niños que nacieron el año en que se paralizó la obra del hotel de Punta Xinxó. Este verano cumplen la mayoría de edad. Nunca han conocido otra imagen de ese solar que la de un esqueleto de hormigón frente al mar.

Ese dato, por sí solo, dice más que cualquier informe técnico sobre lo que ha significado este edificio para Cala de Bou: 17 años de una vida entera, los mismos que ha tenido que convivir el barrio con una ruina fuera de escala, agraviando cada mirada que se cruzaba con ella.

El 24 de julio, un juez ha ordenado por fin el desalojo del hotel fantasma. Hoy malviven allí más de un centenar de personas, entre tiendas de campaña y lonas improvisadas. El propietario denunció la ocupación en abril de 2025; el auto judicial llega ahora, con una expresión que no admite matices: la urgencia «se ha convertido ya en apremiante» y no puede esperar más.

Tiene razón. El problema es que esa misma urgencia llevaba 17 años esperando a alguien que la nombrara.

Porque conviene no confundir el síntoma con la enfermedad. La ocupación de un edificio abandonado no es la historia. Es el capítulo final de una historia mucho más larga, que empezó en 2009, cuando se detuvieron las obras de un hotel de cuatro estrellas con más de 500 plazas turísticas y nadie, desde entonces, hizo lo necesario para levantarlas de nuevo o para tirarlas abajo. La ocupación fue la consecuencia. El abandono de la obra fue el origen.

Quienes hoy ocupan ese edificio son, en su mayoría, personas atrapadas por la crisis de vivienda que asfixia a Ibiza. Los servicios sociales deberán ofrecerles ahora asesoramiento.

Nadie discute que su situación es ilegal. Pero tampoco puede escribirse esta historia como si el propietario fuera su única víctima.

Durante casi dos décadas, esa propiedad no cerró bien el solar, no lo vigiló, no lo mantuvo, pese al riesgo evidente que representaba. Y dejó pasar, además, distintas oportunidades para desbloquear la situación. El derecho de propiedad merece protección jurídica. También el derecho a desarrollar una actividad económica. Pero ningún derecho autoriza a trasladar, año tras año, el coste de la propia inacción al resto de la sociedad. Ese coste lo han pagado, sobre todo, los vecinos de Cala de Bou. También la policía, los servicios de emergencia, los negocios turísticos de alrededor y la imagen entera del barrio. En una isla donde el suelo es de los recursos más escasos y disputados de Europa, cuesta explicar que un espacio con vistas al mar haya permanecido bloqueado 17 años, a la espera de que algún día compensara construir.

El Ayuntamiento de Sant Josep declaró caducada la licencia de obras el pasado 16 de mayo. El propietario ha recurrido esa decisión y el litigio sigue abierto en los tribunales. Es decir: esta historia, pese al desalojo, todavía no ha terminado.

El alcalde, Vicent Roig, dice confiar en que la demolición llegará cuando la Justicia confirme la caducidad. Ojalá sea así. Pero después de 17 años, la confianza ya no alcanza. Hace falta algo más contundente: hechos.

La sentencia que se avecina no debería limitarse a confirmar la caducidad de una licencia. Debería activar, de una vez, el derribo de este edificio y devolver ese espacio al interés general.

Si la urgencia «se ha convertido ya en apremiante» para sacar a un centenar de personas de un edificio en ruinas, no veo por qué esa misma urgencia no habría de aplicarse a hacer desaparecer, de una vez, esa mole de hormigón varada en primera línea de playa. El 24 de julio no puede ser el final de esta historia. Tiene que ser, por fin, el principio del fin.

Porque Ibiza sabe deslumbrar a quien la visita. Eso nunca ha sido su problema. Su verdadero examen es otro: cómo trata a quienes nos quedamos, cuando las cámaras y los turistas ya se han ido.

Bàrbara Arqué Cot es periodista.

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