La urgencia que no entiende de trámites

¿Cuánto tiempo puede tardar el papeleo en resolver lo que ya sabemos que está mal?

William Gladstone lo resumió en una frase: la justicia tardía equivale a justicia denegada. Sustitúyase “justicia” por “bienestar ciudadano” y la frase encaja como un guante en lo que ocurre en Ca na Putxa.

En 2024 se aprobaron 17 millones de euros para corregir las chimeneas y los sistemas de filtración de los gases del vertedero. El dinero está. El diagnóstico está. La voluntad política parece estar. Sin embargo, las obras siguen sin ejecutarse, atrapadas en un laberinto de trámites administrativos, primero en el Govern y ahora entre el Consell y la concesionaria del vertedero.

Mientras tanto, los vecinos de Can Furnet, Roca Llisa, Cas Cómodo, Cap Martinet y Jesús seguimos respirando lo que Ca na Putxa expulsa: olores que se cuelan en las casas, gases y compuestos orgánicos volátiles.

El trámite como coartada

Ronald Reagan solía bromear diciendo que lo más parecido a la vida eterna es un programa gubernamental. La frase arranca una sonrisa, pero en Ca na Putxa deja de tener gracia: casi tres años de trámites son, en la práctica, una versión local de esa eternidad burocrática que Reagan caricaturizaba.

Es importante reconocer cuando las cosas se hacen con sentido común, como el plan piloto para trasladar la fracción de rechazo a la planta de TIRME, en Mallorca. Pero es igual de importante criticar cuando una situación perjudicial se está enquistando a pesar de los esfuerzos de los vecinos para revertirla.

Y en el caso que nos ocupa, como en tantos otros, la administración tiene una asombrosa capacidad para convertir la urgencia en procedimiento. Y el gestor de escudarse tras ese procedimiento. Un expediente que requiere informe técnico, que requiere informe jurídico, modificación de contratos, que requiere validación de otro organismo, que requiere un nuevo informe porque el anterior caducó... Cada paso es, individualmente, razonable. Pero la suma de pasos razonables produce, con frecuencia, un resultado irracional: casi tres años sin que una sola chimenea haya sido corregida.

La pregunta que planteo no es si los trámites son necesarios; lo son, y existen precisamente para evitar arbitrariedad y garantizar que el dinero público se use bien.

La pregunta es si el ritmo de esos trámites puede seguir siendo el mismo cuando lo que está en juego es la calidad de vida de miles de residentes y el derecho a respirar un aire sin olores.

Gestión y eficiencia

Conviene aclarar algo: no es el Consell, ni el Govern quienes producen los olores, sino la UTE que gestiona y opera el vertedero en su día a día. Tres de sus socios son empresas multinacionales de amplia experiencia en el sector, que desde su oferta inicial de gestión deberían haber tenido en cuenta la anomalía existencial de este vertedero: su ubicación en medio de miles de viviendas y de una zona deportiva que, salvo torciendo a sabiendas el Plan de Residuos, con la normativa entonces vigente, jamás podría haber sido legalizado. Pero saber quién causa el daño no exime de responsabilidad a quien lo tolera.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya estableció, en el caso López Ostra contra España (1994), que la exposición prolongada a emisiones contaminantes sin que la administración actúe con la diligencia debida puede constituir una vulneración del derecho al respeto de la vida privada y familiar. Y el Código Penal, en su artículo 325, contempla responsabilidad por daños al medio ambiente cuando existe omisión o pasividad administrativa grave. Es decir: la inacción prolongada no es neutra. Tiene consecuencias jurídicas, no solo políticas.

Lo que pedimos no es un atajo, es una prioridad. Nadie está pidiendo que se salten controles ni que se prescinda de garantías legales. Lo que se pide es que un expediente que afecta directamente a tantas personas reciba el tratamiento de urgencia que merece.

Casi tres años de espera y posiblemente cuatro es una inadmisible respuesta.

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