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Opinión

Crónica de un proyecto anunciado

En el siglo XIX lo llamaron “hacienda inundada”. Un truco para privatizar lo que no le pertenecía a nadie. No funcionó. Dos siglos después el truco es más sofisticado: no se privatiza el Estany des Peix, se regula

S’Estany, en una foto de 1972.

S’Estany, en una foto de 1972. / Helene Henry

La laguna estaba bien.

En 2008 el Centro de Estudios Avanzados de Blanes (CEAB-CSIC) estudió el Estany des Peix por encargo de la Conselleria de Medio Ambiente. La conclusión era nítida: el fondo marino se encontraba en estado de conservación compatible con el uso tradicional. La presión principal era el fondeo, pero no exigía retirar todos los muertos existentes. Al contrario: los nuevos muertos de hormigón —enterrados en el sustrato— tendrían un impacto mayor sobre las comunidades bentónicas que los amarres artesanales preexistentes. El informe recomendaba censar los muertos existentes, retirar solo los abandonados y adecuar los demás. Sobre los pantalanes era categórico: es preferible no emprender ninguna actuación de este tipo por el momento. Si alguna vez se instalaban, deberían ser fijos, de madera, sencillos, de aspecto tradicional. El Consell esperó catorce años. Y luego instaló pantalanes flotantes de aluminio.

Sin base legal.

El reglamento de 2022 se aprobó sin modificar previamente el PRUG —Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural de ses Salines—, que seguía clasificando la laguna como zona de fondeo libre condicionado. Varios especialistas advirtieron que la limitación no podía entrar en vigor sin cambiar primero esa norma de rango superior. El Consell siguió adelante. El acuerdo para modificar el PRUG no llegó hasta agosto de 2024 —dos años después de haber instalado las boyas— y a finales de ese año aún no se había materializado. La Asociación de Empresarios Usuarios del Estany des Peix presentó recurso contencioso-administrativo por nulidad de pleno derecho. El Tribunal Superior de Justicia de Baleares rechazó la suspensión cautelar, pero el fondo del asunto sigue su curso. Resultado: el reglamento sigue sin ser definitivo. Las multas por fondeo no autorizado no pueden ejecutarse. En 2025 se levantaron 168 actas que derivaron en unos ochenta expedientes sancionadores. Todos pendientes. La gente fondea donde siempre fondeó. Ahora con acta. Pero sin multa. Y el Consell planea ampliar los amarres a más de 310. Para un pantalán que ya no está lleno.

Quién quedó fuera

. Para acreditar preferencia, el reglamento exigía demostrar haber fondeado en el estany antes del 5 de julio de 2002. La carga de la prueba recayó íntegramente sobre el usuario. Para la gente que llevaba décadas entrando por Sa Boca —que conocía cada metro del fondo—, esa fecha se convirtió en un muro. No tenían fotos ni contratos, porque nunca había habido contratos: el estany era de uso libre y costumbre, no de papel y sello. El estany, que había sido de quien lo usaba, pasó a ser de quien podía demostrarlo.

Quince días.

En marzo de 2026, el Consell publicó en el BOIB un decreto exigiendo a todos los titulares de amarres asignados que presentaran de nuevo la documentación completa. Plazo: quince días hábiles, del 16 de marzo al 8 de abril. Quien no presentara se consideraría que desistía del amarre. Ante las protestas, se amplió cinco días más. Los amarres habían sido adjudicados provisionalmente en 2022 y 2023; la aprobación definitiva del reglamento y la lista de adjudicatarios se prevé para finales de 2026. Exigir documentación completa para un expediente aún abierto, bajo amenaza de pérdida, en quince días. La administración lleva cuatro años sin cumplir el servicio de barqueo que el propio reglamento prometía desde el primer día.

El barquero que no existe.

El reglamento prometía un servicio de barqueo las 24 horas, los 365 días del año. El servicio arrancó el 1 de julio de 2026 como “período de transición y prueba” —así lo describió Verónica Castelló, vicepresidenta y consellera de Medio Ambiente, en Radio Illa Formentera—: una sola embarcación, dos marineros, un coordinador, horario de 7.00 a 22.00, traslado con treinta minutos de antelación mínima por canal 68 o WhatsApp. La convocatoria anterior se había declarado desierta: una sola persona se presentó. El proyecto ideal, según la propia consellera, requiere un coordinador, cuatro marineros y un vigilante nocturno; y el área de Medio Ambiente necesita el doble o el triple del personal que tiene. El puesto exige titulación náutica acreditada, certificado de navegabilidad, habilitación profesional y turnos de 24 horas. En el mercado laboral de Formentera, ese perfil casi no existe. Un pescador que sale a las cuatro de la madrugada no puede esperar treinta minutos.

La rampa equivocada y el pantalán mal emplazado.

Los varaderos de la orilla interior llevaban décadas funcionando. Nadie los rehabilitó. En su lugar se construyó una rampa nueva fuera del canal, expuesta al oleaje. El PRUG, en su artículo 18, exige que las infraestructuras en el ámbito del parque sean “estructuras de madera desmontables que no produzcan alteraciones geomorfológicas”. La madera era un requisito legal. Lo que falló fue la ubicación y el mantenimiento. La madera se llena de algas, se vuelve resbaladiza, los organismos marinos la carcomen. El Consell no la mantiene: solo actúa cuando la estructura ya no puede ignorarse. El Proyecto Básico de 2018 (ref. OTIE-15005) advertía que una rampa en la zona del pantalán era inviable: la pendiente del fondo obligaría a extenderla más de setenta metros para alcanzar calado suficiente; una instalación permanente, incompatible con la filosofía desmontable del proyecto. La solución prevista era continuar usando las dos entradas existentes “de forma temporal”. Durante un tiempo se prohibió incluso la botadura desde el interior de la laguna, para forzar el uso de la nueva rampa exterior que está sin uso por deterioro.

El pantalán fue instalado en una ubicación expuesta a los temporales de SW-WSW, el Llebeig. El Proyecto Básico de 2018 preveía una estructura de atenuación del oleaje para los meses de invierno; nunca llegó a instalarse de manera efectiva. Desde 2023, el Consell ha tenido que reinstalar 65 anclajes dañados por temporales. Varios usuarios perdieron sus embarcaciones. Las reclamaciones económicas siguen sin respuesta. Mientras tanto, empresas de chárter náutico utilizan las instalaciones de la laguna para cargar equipación —jet skis, material de alquiler— sin la autorización de Costas exigida para operar en espacio natural protegido. Los agentes de Medio Ambiente levantaron actas. Las empresas siguen operando.

El aparcamiento que desaparece.

El solar al este del estany —clasificado como Espacio Libre Público EL-P en la modificación de las Normas Subsidiarias de 2013 e identificado por el Proyecto Básico de 2018 como zona de apoyo en tierra imprescindible— lo compró en 2020 S’Estany de Formentera S.L., sociedad fundada en junio de ese mismo año con un capital inicial de 3.001 euros y ampliado hasta más de trece millones en diciembre de 2023. Detrás está el fondo de inversión barcelonés Med Capital Management SGEIC S.A. El proyecto que dependía de ese suelo no fue revisado: se ejecutó igualmente.

El 22 de mayo de 2026, la Junta de Govern del Consell Insular aprobó el Estudi de Detall de la Unitat d’Actuació LSV-01, que autoriza edificar 89 apartamentos vacacionales de lujo en 20.946 m² junto a la laguna. La parcela linda directamente con Es Campament —el único campo penitenciario franquista conservado en las Baleares— declarado Bien de Interés Cultural en 2014. Óscar Portas, que heredó el expediente de una legislatura anterior, pidió expresamente un análisis antes de seguir adelante. La aprobación definitiva sigue pendiente de la formalización de los acuerdos entre propietarios (bases y estatutos de la unidad de actuación). El BOIB publicó el Estudio de Detalle en junio de 2026, abriendo un período de información pública de treinta días durante el cual pueden presentarse alegaciones. Con la edificación desaparece el único espacio donde los usuarios podían dejar coche y remolque. La Ley de Costas exige un pasillo de acceso al mar. Un pasillo. No un aparcamiento.

Las casetas varadero están declaradas Bien de Interés Cultural. El legado está reconocido, inventariado, jurídicamente blindado. Lo que no está blindado son los propios usuarios. Cuatro años de proceso. Todo sigue siendo provisional. En mayo de 2027 hay elecciones. Quizá entonces se vuelva a empezar. Mientras tanto, los usuarios del estany se arreglan solos. Como llevan siglos haciendo en esta isla.

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