Cuando la prevención deja de llegar a tiempo

Hay palabras que se repiten constantemente en los discursos políticos y en las campañas institucionales. Una de ellas es “prevención”. Nos hablan de prevención, de detección precoz, de la importancia de realizar revisiones periódicas para combatir enfermedades tan graves como el cáncer. Pero me pregunto: ¿qué sentido tiene hablar de prevención cuando la sanidad pública no está preparada para garantizarla?

En 2020 hice pública una de las experiencias más difíciles de mi vida: mi diagnóstico de cáncer de mama.

Lo hice porque creía que hablar de la enfermedad podía ayudar a otras personas. Porque pensaba que visibilizar el cáncer también era una forma de defender la prevención, de recordar la importancia de las revisiones y de trasladar un mensaje de esperanza a quienes estaban atravesando situaciones similares.

Cinco años después siento nuevamente la responsabilidad de levantar la voz.

Hace tres meses debería haberme realizado mi ecografía mamaria anual de revisión. Tres meses después sigo sin tener cita (solicitada en noviembre del 2025). La información que me han trasladado es que probablemente la prueba no se realizará hasta noviembre . Es decir, muchos meses después de la fecha recomendada por los especialistas.

Para quien nunca ha pasado por un proceso oncológico puede parecer un retraso administrativo más. Para quienes hemos tenido cáncer no lo es. Este retraso como poco significa angustia, miedo y noches sin dormir...

En mi caso se trató de un cáncer especialmente agresivo. Y cuando has vivido algo así sabes perfectamente que el tiempo importa. Que los meses cuentan. Que detectar una recaída a tiempo puede marcar la diferencia entre un tratamiento con posibilidades de éxito o una situación mucho más grave.

Dicho de forma sencilla: en determinados tipos de cáncer, unos meses pueden significar la diferencia entre vivir o morir.

El problema está en otro lugar. Está en la falta de planificación y en la insuficiencia de recursos destinados a la sanidad pública, en definitiva en la voluntad política.

Si todos sabemos que la detección precoz salva vidas, ¿quién asumirá la responsabilidad cuando un diagnóstico llegue tarde porque una prueba se retrasó durante meses? ¿Quién responderá ante quienes pudieron haber tenido más oportunidades si el sistema hubiera funcionado a tiempo?

Da la sensación de que asistimos, poco a poco, al desmontaje de la sanidad pública. Ya vivimos el engaño de las supuestas pruebas realizadas en Andalucía que acabaron generando una enorme polémica. Ahora observamos cómo se reducen servicios, cómo se amplían los tiempos de espera y cómo se normalizan retrasos que hace pocos años habrían sido considerados inaceptables.

Mientras tanto, se sigue hablando de prevención.

Pero la prevención no es un eslogan. No es una campaña publicitaria. La prevención exige recursos, profesionales, equipamientos y una organización capaz de garantizar que las pruebas se realizan cuando toca. Sin eso, la prevención deja de existir y se convierte únicamente en una palabra vacía.

La sanidad pública es uno de los pilares más importantes de nuestra sociedad. Defenderla debería ser una cuestión de dignidad, de igualdad y, en muchos casos, de vida o muerte.

Pero aquí debemos hablar de política. Porque el problema está en la falta de planificación y en la insuficiencia de recursos destinados a la sanidad pública, en definitiva en la voluntad política.

Cuando afronté mi enfermedad en 2020 gobernaban fuerzas progresistas en las instituciones de nuestras islas y de nuestra comunidad autónoma. En plena pandemia, en una situación extraordinaria y extremadamente compleja, tuve la sensación de que existía una apuesta clara por proteger y reforzar la sanidad pública. Resulta difícil comprender cómo, años después de aquella emergencia sanitaria, los retrasos en pruebas fundamentales para pacientes oncológicos son cada vez mayores.

Hoy gobierna la derecha y creo que es legítimo preguntarse qué modelo sanitario se está construyendo.

Porque la realidad que perciben muchos pacientes es la de una sanidad pública cada vez más debilitada, con más retrasos, con más dificultades para acceder a especialistas y con una creciente normalización de las listas de espera.

La privatización de la sanidad forma parte históricamente del ADN ideológico de la derecha. Y cuando se debilita deliberadamente la sanidad pública siempre aparece el mismo argumento: derivar recursos hacia modelos privados.

Pero hay una gran verdad de la que se habla poco.

La sanidad privada suele estar encantada de atender procesos sencillos, consultas rápidas o intervenciones rentables. Sin embargo, los pacientes oncológicos, los pacientes crónicos y quienes requieren tratamientos complejos y costosos siguen dependiendo fundamentalmente de la sanidad pública. ¡Hagan la prueba de contratar un seguro privado con antecedentes de cáncer!

Porque cuidar a quienes más lo necesitan cuesta dinero y los seguros y servicios de sanidad privados están para ganar dinero, igual que el resto de empresas.

Por eso defender la sanidad pública no debe ser una cuestión ideológica. Es una cuestión de justicia social. Es defender que cualquier persona, independientemente de sus recursos económicos, tenga derecho a recibir la mejor atención posible.

Y también es defender algo fundamental: el derecho no solo a ser atendido cuando ya estamos enfermos, sino el derecho a prevenir la enfermedad.

La prevención salva vidas.

Cada revisión realizada a tiempo salva vidas.

Cada prueba diagnóstica realizada cuando corresponde salva vidas.

Cada retraso injustificado pone en riesgo aquello que después decimos querer proteger.

Y quiero dejar claro que esta crítica no va dirigida a los profesionales sanitarios. Todo lo contrario. Médicos, enfermeras, técnicos y especialistas también sufren esta situación. Trabajan bajo una enorme presión y muchas veces sin los recursos necesarios para atender a los pacientes como merecen. Ellos son los primeros que saben la importancia de una prueba realizada a tiempo.

Por eso la responsabilidad no puede recaer sobre quienes sostienen el sistema cada día con su esfuerzo.

La responsabilidad corresponde a quienes toman decisiones políticas. A quienes elaboran presupuestos.

A quienes deciden dónde se invierte y dónde se recorta.

A quienes hablan de prevención mientras permiten que las pruebas se retrasen durante meses. Hoy escribo estas palabras desde mi experiencia personal, pero sé que no estoy sola.