Vivienda en Ibiza: el riesgo de construir una emergencia sobre otra

La crisis de la vivienda en Ibiza es tan grave que ninguna Administración puede permitirse la inacción. Miles de residentes viven atrapados entre alquileres imposibles, habitaciones compartidas y una emancipación aplazada durante años. La cuestión es qué se hace, cómo se hace y a qué precio. Los cuatro ayuntamientos de la isla con más de 20.000 habitantes —Vila, Sant Antoni, Sant Josep y Santa Eulària, todos gobernados por el Partido Popular— han decidido acogerse a las leyes del Govern balear que permiten impulsar los llamados Proyectos Residenciales Estratégicos (PRE). Esta fórmula abre la puerta a utilizar suelo rústico común en áreas de transición, franjas situadas junto a los núcleos urbanos, para construir con iniciativa privada viviendas de precio limitado (VPL) destinadas, en principio, a residentes.

La medida se presenta como una respuesta excepcional a una emergencia habitacional. Y lo es. Por primera vez desde los años 80, Ibiza se encamina hacia una ampliación relevante de su suelo edificable. No es un ajuste técnico menor: supone transformar nuevos terrenos en áreas urbanas en un territorio frágil, saturado y sometido a una fuerte presión sobre sus recursos. Y sin ninguna garantía de que esta medida vaya a solucionar el problema de la vivienda e incluso con el riesgo de que pueda incluso agravarlo y complicar mucho más las demás carencias e insuficiencias que padece la isla.

El PP defiende que esta herramienta permitirá generar suelo con rapidez, acortar trámites y ofrecer viviendas por debajo del precio de mercado. En Vila ya se han señalado tres ámbitos con más de 236.000 metros cuadrados en conjunto. Sant Josep prevé actuar en zonas como Cala de Bou, Port des Torrent, Sant Josep, Sant Jordi y Platja d’en Bossa y exigirá diez años de residencia para acceder a estas viviendas. Santa Eulària ha anunciado que el 100% de la edificabilidad deberá destinarse a algún régimen de protección pública. Sant Antoni, por ahora, no ha concretado cómo aplicará la medida.

La oposición habla de «pelotazo urbanístico», de cheque en blanco al sector privado y de una nueva expansión urbanística disfrazada de política social. PSOE y Unidas Podemos recuerdan que aún quedan suelos urbanos y urbanizables sin desarrollar y miles de viviendas vacías que no han aflorado al alquiler, pese a programas como el Alquiler Seguro del Govern, que en Ibiza de momento ha resultado un fracaso.

Consumo de recursos

Ahí está la pregunta: ¿tiene sentido consumir más territorio cuando no se ha conseguido movilizar el parque de vivienda vacío? ¿Es razonable recalificar suelo rústico antes de agotar el urbano disponible? ¿Puede justificarse una medida de esta magnitud sin una estrategia sólida sobre agua, movilidad y servicios? Porque la vivienda no se construye en el vacío. Cada nuevo bloque implica consumo de agua, residuos, movilidad, equipamientos y presión sobre infraestructuras ya tensionadas. Ibiza no vive solo una emergencia habitacional. También arrastra una emergencia hídrica y territorial. Por eso preocupa que una operación de este alcance avance sin que el debate sobre los recursos ocupe un lugar central.

El argumento del PP de que estas viviendas no aumentarán la población, sino que permitirán vivir mejor a residentes ya presentes, puede tener parte de razón. Muchos jóvenes ibicencos siguen en casa de sus padres o comparten piso por pura imposibilidad económica. Pero sería ingenuo pensar que una nueva oferta levantada por iniciativa privada en una isla sometida a una presión inmobiliaria feroz no generará tensiones, expectativas y riesgos de desviación.

Ibiza necesita vivienda asequible con urgencia, pero también límites, agua, campo, paisaje y planificación. La historia reciente de Balears demuestra que las soluciones urbanísticas planteadas como excepcionales pueden transformar el territorio de forma irreversible. La llamada ‘balearización’ no empezó con grandes discursos, sino muchas veces con decisiones parciales. La duda de fondo es si Ibiza está ante una medida quirúrgica para responder a una necesidad real o ante el inicio de una segunda ‘balearización’; incluso, como temen algunos, ante una ‘maltización’ de la isla, una densificación acelerada.

La pregunta no es si hay que actuar. La pregunta es si esta es la mejor forma. Si los PRE servirán realmente para que los residentes puedan vivir en Ibiza o si abrirán una nueva etapa de consumo de territorio y recursos bajo la coartada de la emergencia. Una isla no puede permitirse resolver una crisis fabricando otra.