Estado de la unión

Convendrán conmigo que el debate del ‘Estado de la Isla’ del otro día ha marcado el inicio de la campaña electoral para las del año que viene. Estas y no las otras tienen fecha de caducidad asegurada. El presidente estuvo en su papel institucional y especialmente en el ejecutivo que se le supone como director del cotarro. La oposición estuvo donde se espera que esté, poniendo en cuestión todo aquello que destilaba aciertos y sacando a relucir con datos los posibles errores o incumplimientos de un programa que, todo hay que decirlo, nunca se cumple (esté quien esté en los sillones del poder). Me queda el conseller no adscrito y que viene de la mayoría absoluta, Lorenzo Córdoba. Esta vez instalado en un papel de dulce oposición a quienes lo defenestraron en su día. Equidistante de unos y de los otros. Días antes anunció su intención de encabezar una lista (agrupación electoral personalista). Ahí se verá el voto real de una derecha ideológica, (léase Compromís y PP) los que votaron aquel mayo del 23 contra la coalición de izquierdas por sus errores de sobra comentados y los cofrades de don Lorenzo, que, por lo que he podido comprobar, haberlos hailos. Una mayoría que puso punto y final a 16 años de gobierno de una izquierda ligth en Formentera. Tendremos tiempo de ir observando cómo camina este entramado político, aunque puede variar siempre que exista una alternativa insularista que agrupe a las fuerzas vivas del lugar (en esta ocasión no acudan a Berlanga que se equivocan) y trastoque el panorama.

Pero la semana no se termina con este debate. Se ha instalado otro de mayor calado y que incide en el día a día de una sociedad inmersa en la temporada, base de la economía local. Lo han adivinado. La controversia moral y material sobre la problemática de los menores que llegan a la isla en las pateras, en la ruta desde Argelia. Las leyes están para cumplirlas, sin duda. Pero los políticos responsables de legislar o de aplicar soluciones prácticas a problemas reales tienen que actuar cuando las circunstancias superan la legislación vigente.

De nada sirve mirar para otro lado amparándose en una norma obsoleta ante el aluvión de inmigrantes que llegan a nuestras costas. No es una cuestión local del Consell. Las cifras actuales trascienden el localismo y se convierten en problema de Estado. Rehuir responsabilidades en ese aspecto, como denunció Oscar Portas, es trasmitir un mensaje de desamparo a una sociedad que se ve desamparada en un tema de tanto calado como el migratorio. No vale con mirar al de al lado.