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Opinión

«No somos policías»: la eterna excusa del que mira hacia otro lado

Una de las viviendas donde el pasado verano se celebraban fiestas ilegales

Una de las viviendas donde el pasado verano se celebraban fiestas ilegales / María Molina

Un panadero que conozco se negó, hace años, a servir pan a una mansión ubicada en un islote que consideraba que debía estar protegido. Lo hizo por principios. Perdió ese cliente y no pasó nada más. Siguió trabajando, se gana bien la vida y el planeta continúa girando. Conozco también a un cerrajero que, cuando veía «cosas raras» a la hora de abrir una puerta, se daba la vuelta y se marchaba sin cobrar el desplazamiento, por mucho que el cliente le pusiera por escrito que él se hacía responsable. Tampoco perdió gran cosa. Trabajó todo lo que quiso y se jubiló plácidamente hace unos años. 

Les sorprenderá saber que también fui testigo de cómo un político se negaba a aceptar un trato de una empresa que le prometía una excelente publicidad para él a cambio de apostar, dinero público mediante, por un proyecto empresarial nuevo. La respuesta del político aún resuena en mi cabeza: «Si tanto creéis en este proyecto, invertid vosotros». El político «perdió» ese favor, pero hoy sigue en activo y gozando de la confianza de sus vecinos.

Estos tres ejemplos vienen a cuento de las declaraciones de un líder empresarial que considera que no hay que criminalizar a las empresas colaboradoras de la fiesta ilegal de Buscastell. Su argumento es que las decenas de proveedores que han trabajado (y facturado) no son «policías».

Para hacer lo correcto no hace falta ser policía. Basta con negarse a participar cuando algo tiene mala pinta y elegir no formar parte del problema. Porque colaborar con este tipo de fiestas es sumarse a la legión de parásitos que perjudican a nuestra isla y a nuestra sociedad. 

Los colaboracionistas, legales, por supuesto, se sitúan al nivel de los que alquilan un piso por 3.000 euros al mes cobrando 15.000 por adelantado y luego se encogen de hombros cuando los vecinos les dicen que sus inquilinos son traficantes: «¿Yo qué iba a saber [cuando me pagaron el pastizal al contado]?». 

Muchos empresarios se quejan del empleado que finge una tos para conseguir unos días de baja médica. «Picaresca, fraude, abuso», protestan escandalizados por los mecanismos (legales) que lo permiten. Y tienen razón al indignarse. La misma razón que tenemos los que arrugamos la nariz cuando vemos la cantidad de empresas locales que colaboran, «legalmente», con actividades que huelen a podrido a kilómetros. Empresas que, al mirar hacia otro lado, generan más problemas que los que solucionan.

En el colegio, quién más o quien menos ha estudiado Religión o Ética. A poco que no nos hayamos tapado los oídos, todos sabemos lo que está bien o mal. Mis conocidos panadero, cerrajero y político seguramente puedan dormir plácidamente todas las noches. Y si algún día cometen un error que perjudique a otros, no intentarán disimular para que no se note, sino que asumirán sus responsabilidades y tratarán de hacerlo mejor la próxima. Mis mejores deseos para ellos.

Pero a los que buscan excusas para maquillar la dureza de su cara, les deseo el peor de los insomnios. Porque este tipo de personas son las que, de legalidad en legalidad, van poniendo su granito de arena para que el mundo sea, cada día, un poco peor.

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