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Opinión

Justicieras

‘El caso de Laura Stern’, una serie francesa precedida por los ecos de la polémica, plantea serias disyuntivas morales

Hace ya unas semanas que puede verse en España, en plataformas de contenidos audiovisuales como Filmin, y ha llegado precedida del eco del debate que suscitó en Francia. ‘El caso de Laura Stern’ producida en el país vecino, es una serie de cuatro episodios, fácil de ver, por lo bien resuelto que está el guión y por su ejecución, y difícil de digerir, por las disyuntivas morales a las que enfrenta al espectador.

La trama, a grandes trazos, trata de una ciudadana ejemplar, buena gente, compasiva y con disposición a ayudar. En la trasera de su negocio acoge a mujeres víctimas de malos tratos, que intentan mantener lejos a sus agresores, sus novios o sus maridos. En ese espacio se dan consuelo, se apoyan y se protegen. Con el asesinato de una de ellas, a consecuencia de un flagrante fallo del sistema policial y de la justicia del que la protagonista se responsabiliza, echa a andar la maquinaria argumental.

Los acontecimientos van precipitándose, en ocasiones literalmente. Es interesante observar como sucede, pero aún lo es más tratar de resolver los dilemas morales que se van planteando a medida que la historia avanza.

La desidia y la inoperancia de las instituciones empujan a los ciudadanos a romper el contrato social. Perdida la confianza, todo vale. La ley y todo el aparato que asegura su cumplimiento evita el crimen y evita además que los buenos ciudadanos acaben tolerándolo, porque perciben que es su única forma de protegerse o de proteger a su entorno. La justicia que deja hacer al criminal, puede mostrarse severa con quien intenta detenerlo.

Y si, con cierta garantía de impunidad, usted pudiera evitar la tortura, incluso la muerte, de una mujer a la que conoce y aprecia, de su mejor amiga o de su hermana, y proteger de paso a sus hijos, ¿sería capaz de llegar a cometer un asesinato? Si hubiera constatado, sin ningún lugar a dudas, la crueldad y la determinación de hacer daño del agresor, y si, después de haber recurrido a él, el Estado no los protegiera, ¿lo haría? Si tuviera a su alcance el medio para eliminar limpiamente al causante de todo ese enorme sufrimiento, ¿lo haría? ¿Se atrevería?

Si el sistema fuera eficaz, ni nos plantearíamos esas preguntas, pero no lo es, no siempre, desde luego, y, en el caso de las mujeres y de los menores víctimas de la violencia machista especialmente, una sola vez que no lo sea ya es demasiado. El Estado, que es depositario de la confianza y la autoridad que le otorgan sus ciudadanos, no debería obligar a nadie a tomarse la justicia por su cuenta.

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