Fiestas ilegales y efecto llamada

Aunque en Ibiza son legión los vecinos que llevan años soportando ruidos, caminos saturados y toda clase de molestias –tanto por culpa de fiestas piratas como de determinados establecimientos regulares–, la desmesurada infraestructura del macrofestival celebrado en Buscastell por fin ha situado esta industria ilegal en el centro del debate político.

Uno de los primeros en pronunciarse al respecto fue el vicepresidente primero del Consell Insular y responsable de la Lucha contra el Intrusismo, Mariano Juan, que sorprendentemente felicitó a las fuerzas de seguridad por desmantelar el evento, cuando no aparecieron por allí hasta 16 o 17 horas después y el vecindario, a pesar de los avisos, se había pasado la noche en vela. Con tanta tecnología, drones de vigilancia e inversiones en medios humanos y técnicos, las palmaditas en la espalda a las fuerzas de seguridad únicamente deberían de producirse cuando dichas fiestas sean clausuradas a tiempo y no cuando los participantes ya se están marchando y han proporcionado pingües beneficios a sus promotores. Si los agentes fueran igual de diligentes como para echar a trabajadores de asentamientos o asediarlos cuando circulan con sus autocaravanas, otro gallo cantaría.

Y, tal vez, si Juan no hubiese desmantelado el servicio de detectives que él mismo puso en marcha con cierto éxito tras el confinamiento, que antaño rastreaban esta clase de convocatorias en las redes sociales y luego se presentaban en ellas, las documentaban e informaban a los ayuntamientos, lo de Buscastell se habría parado a tiempo. Dice Juan que echó el cierre al grupo de detectives porque vigilar las fiestas ilegales no es de su competencia, pero ¿acaso lo era cuando los contrató?

La Asociación Ocio de Ibiza, que aglutina algunas salas de fiestas, hoteles discoteca y beach clubs, prácticamente comparó la celebración del evento con el advenimiento del apocalipsis: «Esta macrofiesta es la gota que colma el vaso», dijeron, al tiempo que reconocían que aquella madrugada las ventas de entradas y mesas vip sufrieron un considerable descenso. El colectivo también anunció que los djs que actuaron en Buscastell y que tienen una cláusula de incompatibilidad en sus contratos para participar en esta clase de eventos, no volverán a trabajar en sus establecimientos asociados.

Estaría muy bien que Ocio de Ibiza explicara cuántos djs han firmado tal cosa y a cuántos se ha despedido por ello. No es de extrañar, en consecuencia, que Mariano Juan les respondiera que muy bien, pero que no era suficiente: nadie que actúe en las fiestas ilegales debería de poder hacerlo en establecimientos autorizados. Aunque, dado el caso que en general le hacen al Consell, tal y como hemos visto por ejemplo con el tema de las vallas publicitarias de las carreteras o la imagen penosa de isla de fiesta y desparrame que reciben los turistas en el aeropuerto, dudo que le tomen en consideración. Tal vez el Consell Insular incluso debería considerar dejar de promocionar a la industria del ocio en sus campañas turísticas –ya se publicita suficientemente ella misma con sus propios medios– y renunciar a acudir como invitados estrella a sus congresos, entregas de premios y demás eventos de autobombo.

Los lamentos de dicha asociación del ocio, que ahora quiere abanderar la lucha contra la competencia desleal, recuerdan a quejas de otras épocas. Por ejemplo, las de los empresarios de las discotecas ‘normales’ hace quince años, cuando un hotel de Platja d’en Bossa –que pertenece a dicho colectivo–, convirtió por arte de birlibirloque la terraza de la piscina de un hotel en una macrosala de fiestas sin tener licencia de actividad para ello. No está de más subrayar sus contradicciones recordando el origen ilegal de tal actividad y cómo incluso el Ayuntamiento de Sant Josep anunció el precinto de los equipos de sonido, retirando después la amenaza por causas que aún nos siguen siendo desconocidas. Entonces, por cierto, en Sant Josep gobernaban los socialistas.

Aquella iniciativa descarada produjo un efecto llamada de tal magnitud que ahora tenemos la costa sembrada de hoteles discoteca y beach clubs, que además se han ido expandiendo hacia el interior de los centros urbanos y hasta en las áreas rurales, de la misma forma que ocurre con las fiestas piratas. Aquella ilegalidad primigenia fue posteriormente reconducida con nuevas leyes que sembraron de lagunas y medias tintas las reglas del juego. ¿Quién puede asegurar que, dentro de unos años, las fiestas que ahora son ilegales no acaben formando parte del ecosistema regular de la industria del ocio, de la misma forma que en su momento ocurrió con los hoteles discotecas y los beach club?

Tal vez algún político de hoy se pregunte por qué nos ha tocado sufrir este asedio del ocio, cuando en otras latitudes no lo padecen. La respuesta es muy sencilla: vivimos en una isla de latrocinio, donde la ley no se ha respetado nunca. Y esta tolerancia con lo irregular resulta tan contagiosa como la tuberculosis.

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