Más contundencia contra las fiestas ilegales

La celebración de una macrofiesta ilegal el pasado miércoles, de unas dimensiones inéditas, ha devuelto a la actualidad este negocio tan lucrativo, que prolifera en Ibiza y supone un serio riesgo para los asistentes, los vecinos y el entorno en el que se desarrolla. El evento reunió a un millar de personas en una finca del Camí Vell de Sant Mateu y contaba con dos escenarios y ocho espacios diferenciados, entre ellos zonas de restauración, lavabos, barras, un área sanitaria con ambulancia y una carpa con personal sanitario e incluso un tiovivo portátil. Había 15 disc jockeys de primer nivel anunciados en el cartel. La fiesta empezó el martes a las 19 horas y su finalización estaba prevista para las 16.30 horas del miércoles, aunque terminó adelantándose al mediodía, cuando las denuncias de los vecinos por el ruido y el movimiento de vehículos provocaron la intervención de un operativo conjunto de la Guardia Civil y la Policía Local de Sant Antoni para desmantelarla.

Las imágenes grabadas por los propios organizadores y empresas relacionadas con el evento muestran que se trató de una celebración digna de una gran discoteca, con espectaculares equipos de iluminación y sonido, videomapping, controladores de acceso, bailarines y actores disfrazados. Una fiesta de semejante nivel requiere una organización muy profesional y la participación de empresas especializadas. Era, en definitiva, una discoteca al aire libre en toda regla, en una zona no especialmente inhóspita, entre Sant Mateu y Buscastell, y para cuya preparación se necesitaron muchas horas y una compleja logística. El montaje incluía el transporte de abundante material, tan voluminoso como dos escenarios, torres de luces y sonido, baños portátiles o un generador, además de los vehículos VTC necesarios para trasladar a los centenares de personas que acudieron.

Llama la atención que se pueda organizar un despliegue semejante sin despertar antes la alarma del departamento contra el intrusismo del Consell y sus sistemas de inteligencia turística, la Policía Local o la Guardia Civil, que actuaron cuando la celebración llevaba ya más de 15 horas en marcha y solo después de que se produjeran las denuncias vecinales.

Precisamente esta semana, vecinos de Santa Gertrudis han iniciado una recogida de firmas para frenar las fiestas ilegales que se celebran en casas de la zona y que, además de provocar ruidos, bloquean el acceso a sus viviendas. Incluso se han llegado a utilizar huertos como aparcamiento. Los residentes en la zona exigen que los cuerpos policiales precinten los equipos de música cuando no existe licencia municipal, tal y como permite la nueva ordenanza.

Por otra parte, la macrofiesta revela hasta qué punto este negocio clandestino en Ibiza depende de la colaboración de empresas y autónomos especializados, pues sin ellos sería imposible la organización de eventos de estas características. Lamentablemente, pesa más la posibilidad de negocio que el respeto por la legalidad y el sentido de la responsabilidad.

Es preciso que los ayuntamientos actúen con contundencia ante las fiestas ilegales, al igual que el Consell, con competencias en suelo rústico. Las administraciones deben revisar sus ordenanzas para adecuarlas a las necesidades actuales y, sobre todo, aplicarlas con firmeza. Las sanciones son necesarias, pero no son suficientes. Probablemente resulten mucho más eficaces medidas como precintar equipos de sonido o requisar el material utilizado en eventos ilegales que iniciar un expediente sancionador cuya tramitación se dilata en el tiempo y que, en el mejor de los casos, acaba con una multa que no representa ningún quebranto económico para los organizadores. Si es que llegan a pagarla. Puede resultar particularmente efectiva la actuación conjunta de las grandes discotecas de Ibiza si dejan de contratar a los djs que se prestan a pinchar en este tipo de celebraciones ilegales que suponen una competencia desleal para sus negocios. Y lo mismo podrían hacer con otros proveedores que puedan trabajar a la vez para ellos y para los ‘piratas’ del ocio.

Además, las administraciones y los cuerpos policiales están obligados a dar una respuesta inmediata a las denuncias de los vecinos para impedir la celebración de estas fiestas desde el primer momento: cuanto antes actúen para evitarlas, más fácil será acabar con este suculento negocio al margen de la ley. Hay que acabar con la impunidad de una actividad ilegal que debe ser erradicada de la isla.

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