Confianza

La palabra confianza procede del latín confidentia, cuyo origen viene del verbo confidere, que significa creer firmemente en alguien o depositar la fe en su palabra. No es casualidad que las palabras fidelidad, fiable y fianza nazcan de la misma raíz. Más aún cuando la confianza siempre ha ido ligada al cumplimiento de compromisos y, dado que los seres humanos solemos confiar, en general, en quien hace lo que dijo que iba a hacer, o en quien, en definitiva, mantiene su palabra incluso cuando resulta incómodo hacerlo.

Para Sócrates, una persona era digna de crédito por cómo vivía y no por lo que decía. Y la forma de ganar una buena reputación era esforzarse en ser aquello que se desea parecer. Dicho de otro modo, la confianza nace de la coherencia entre discurso y acción, y por ello otorga legitimidad. De este modo, la palabra tiene valor moral y por tanto, convierte la confianza es una cuestión de integridad.

Uno de los activos más valiosos en política es la confianza. Y esa confianza no se construye con discursos, sino con coherencia entre lo que se promete y lo que se hace. Partiendo pues de esta premisa, y aplicando el método socrático, cuando un partido llega al gobierno, lo que nos tenemos que preguntar es si ha cumplido con aquello que prometió cuando estaba en la oposición.

En febrero de 2022, siendo líder de la oposición, la señora Prohens afirmó que cuando gobernara derogaría el decreto turístico de su predecesora, la señora Armengol, al que calificó de decreto “trampa” e “intervencionista”. Entre sus argumentos destacaban: la falta de consenso en que se gestó, el exceso de burocracia que suponía en perjuicio de las pequeñas y medianas empresas, provocando inseguridad jurídica y un excesivo intervencionismo administrativo.

Sin embargo, una vez llegado al poder, al frente del Govern, el mensaje cambió. Y a pesar de reconocer que en su programa electoral se había comprometido a llevar adelante una «nueva ley turística consensuada», también señaló que no pensaba eliminar todo lo anterior, manteniendo aspectos como la economía circular.

Dicho lo cual, y a menos de un año de las próximas elecciones, con la actual legislatura ya en su fase final, no tenemos noticia alguna de que se haya procedido a crear esa «nueva ley turística consensuada» con la que se daría cumplimiento a una de sus principales promesas electorales.

Y quizá el debate más necesario ya no sea si la normativa turística aprobada por la señora Armengol era buena o mala. La pregunta clave que debemos hacernos es si Balears se puede permitir el lujo de no abordar el problema crucial que se genera con dicha normativa: la total desprotección y desigualdad de oportunidades y condiciones que provoca en el tejido productivo local, hoteles familiares y empresas locales que no pueden competir en igualdad de condiciones habida cuenta del marco normativo existente. Porque la sostenibilidad no solo consiste en proteger el territorio, sino también en proteger a las pequeñas y medias empresas locales, «las empresas kilómetro cero» que llevan generaciones y generaciones luchando y aportando riqueza y valor a nuestra sociedad balear.

Las exigencias regulatorias, administrativas, burocráticas y financieras son cada vez mayores. Y aunque sus objetivos puedan ser compartidos, la realidad es que no afectan por igual a todos. Quien mejor puede asumirlas son los grandes grupos hoteleros y los fondos de inversión, porque cuentan con departamentos jurídicos, consultoras especializadas, equipos de sostenibilidad y una capacidad financiera muy superior. De modo que, si las reglas del juego les favorecen sistemáticamente por disponer de mejores y mayores recursos financieros, jurídicos y administrativos, el resultado es una concentración silenciosa de la propiedad turística en fondos de inversión foráneos, desplazando y haciendo desaparecer al pequeño y mediano hotelero local.

Porque el riesgo no es únicamente económico. Es estratégico. Balears ha construido buena parte de su éxito turístico sobre empresas familiares que llevan generaciones reinvirtiendo en las islas, creando empleo y manteniendo un fuerte compromiso con el territorio. Si los costes regulatorios, burocráticos, operativos y financieros continúan aumentando, llegará un momento en que muchos propietarios tirarán la toalla, y con razón.

Y cuando un hotel familiar se vende a un fondo de inversión o a un gran operador internacional, Balears pierde algo más que un propietario. Pierde arraigo, pierde identidad y pierde parte del control sobre su propio modelo turístico.

Proteger al pequeño y mediano empresario no significa ir contra las grandes cadenas hoteleras, que representan una extraordinaria historia de éxito empresarial. Significa garantizar que las reglas del juego no favorezcan únicamente a quienes disponen de más recursos.

Por eso, la reforma pendiente debería centrarse en medidas concretas: simplificación administrativa para las pymes turísticas, incentivos a la modernización de los establecimientos familiares, ley basada en incentivos y no en medidas coercitivas para las pymes locales, subvenciones y financiación preferente para inversiones sostenibles, apoyo al relevo generacional y una evaluación real del impacto que cada nueva regulación tiene sobre las pequeñas empresas.

Durante años el debate turístico en Balears se ha centrado en cuántos turistas llegan. Quizá haya llegado el momento de hablar también de quién seguirá siendo propietario de nuestros activos turísticos dentro de 20 años.

Porque la sostenibilidad no consiste únicamente en proteger el territorio. También consiste en proteger a las familias de empresarios locales que llevan décadas creando empleo, reinvirtiendo en las islas y dando personalidad propia a nuestro modelo turístico.

La gran reforma pendiente no es solo medioambiental. Es garantizar que el turismo balear siga teniendo rostro balear.

«La confianza es la expectativa de que alguien actuará mañana conforme a lo que afirma hoy».

Alicia reina Escandell es doctora en Turismo

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