Empate de impotencias, responsabilidad asimétrica

La política española atraviesa una situación de bloqueo agravada por los últimos escándalos que afectan al Gobierno. Pedro Sánchez encuentra crecientes dificultades para sostener una mayoría operativa, mientras que Alberto Núñez Feijóo sigue sin reunir los apoyos necesarios para convertirse en alternativa.

La principal dificultad de Pedro Sánchez, sin embargo, no es la corrupción, sino la gobernabilidad. La fragmentación parlamentaria y la dependencia de una mayoría heterogénea limitan su capacidad de acción, como refleja la ausencia de Presupuestos Generales del Estado. Los escándalos que afectan al entorno del PSOE y del Gobierno han agravado esa fragilidad y alimentado las dudas sobre la continuidad de una legislatura que algunos socios, como el PNV, consideran agotada y que no debe extenderse más allá de 2026. Ante esta situación, la estrategia socialista pasa por resistir. Ni elecciones anticipadas ni cuestión de confianza. El PSOE atribuye las acusaciones a una operación para desalojarlo del poder y reivindica para justificar su continuidad la evolución de los principales indicadores económicos. Sin embargo, ese discurso convive con una realidad social más compleja, como ha puesto de relieve el Consejo Económico y Social en su Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de España 2025.

El PP, por su parte, parece confiar en que el Ejecutivo termine cayendo como fruta madura, limitándose a esperar que el desgaste de Sánchez precipite el final de la legislatura. Feijóo ha consolidado al Partido Popular como primera fuerza política, pero sigue sin resolver el principal problema que arrastra desde las elecciones generales: la dificultad para articular una mayoría alternativa. La dependencia de Vox dificulta atraer a potenciales socios como el PNV o Junts, decisivos para decantar la balanza. Y aunque una moción de censura tendría escasas posibilidades de prosperar, le permitiría reforzar su perfil como alternativa y trasladar al Congreso el debate sobre la viabilidad de la legislatura.

El resultado es una legislatura cada vez más difícil de sostener. El desgaste del Gobierno no ha generado una mayoría alternativa y la oposición sigue sin disponer de los apoyos necesarios para sustituirlo. Lejos de ser inocua, esta situación prolonga la parálisis institucional, alimenta la polarización y erosiona la confianza ciudadana.

Pero las responsabilidades no son simétricas. Aunque la oposición no haya logrado construir una mayoría de gobierno, corresponde al Ejecutivo afrontar una situación en la que cada vez resulta más difícil acreditar una mayoría parlamentaria estable. Parapetarse en la ausencia de una alternativa viable no resuelve el problema. Tampoco hacerlo apelando al argumento de que no deben convocarse elecciones para evitar que gobiernen los adversarios. En una democracia parlamentaria, la legitimidad de un gobierno descansa en su capacidad para reunir y mantener los apoyos necesarios para gobernar, no en evitar que otros lo hagan.

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