Cerco al pobre

El 22 de marzo de 1731, la condesa Cornelia Zangheri Bandi fue hallada muerta por una criada en su alcoba de la mansión familiar, situada en la localidad italiana de Cesena. El fallecimiento representó un gran misterio en la época, ya que la estancia se hallaba cubierta de hollín y el cuerpo de la aristócrata había quedado reducido a un montón de cenizas, salvo las piernas y una parte de la cabeza, que permanecieron intactas, sin que la cama y el resto del mobiliario resultara afectado por el fuego.

Pocos años después, en 1746, dicho suceso acuñó un nuevo término pseudocientífico denominado «combustión humana espontánea». Lo impulsó Paul Rolli, miembro de la londinense Royal Society, para describir la muerte por fuego que se origina en el propio cuerpo de la víctima, sin una aparente fuente externa de ignición. La ciencia, obviamente, califica el fenómeno como «extremadamente inverosímil» y explica que los incidentes así catalogados –200 casos en alrededor de 300 años–, en realidad sí tuvieron una fuente externa que inició el proceso de combustión.

Tal vez los políticos ibicencos crean a pies juntillas alguna teoría esotérica parecida y alberguen la esperanza de que los trabajadores que moran en caravanas, autocaravanas, furgonetas tuneadas y chabolas, no desaparezcan junto a sus vehículos por combustión espontánea, dado que seguro que no les desean ningún mal, pero sí por arte de birlibirloque, a base de martirizarlos con el agotador y penoso ritual de montar y desmontar el campamento, moviéndolo de un sitio a otro, en un bucle sin fin.

La semana pasada, el Ayuntamiento de Ibiza inició una nueva ofensiva frente a las caravanas del asentamiento de sa Joveria, conminando a sus moradores a abandonar el lugar bajo amenaza de sanciones. Entre las reacciones suscitadas, Diario de Ibiza recogía el grado de desesperación que traslucía una afectada, que afirmó que ella no se movería del lugar «hasta que la policía venga y me eche a hostias». Otro afectado también hablaba de «guerra» entre la policía y la gente que intenta vivir en estos campamentos improvisados de infraviviendas, y se preguntaba a dónde podían ir ahora.

Con pocos días de diferencia, la Policía Local de Sant Antoni efectuó una nueva redada contra autocaravanas y vehículos similares, controlando un total de 73 y denunciando a los propietarios de 19, la mayoría por acampar en zona rústica –que afrontan multas que pueden ascender hasta los 30.000 euros–, y algunos por hacerlo en áreas urbanas.

Obviamente, el triste espectáculo de la pobreza que irradian estos campamentos no es la mejor carta de presentación para esta Ibiza del lujo desaforado, en la que un selecto grupo de empresarios nos metieron en su momento, asegurándonos una tierra prometida donde la prosperidad y la riqueza abundarían para todos. Sin embargo, dicha estrategia, salvo para sí mismos, solo se ha traducido en un empobrecimiento alarmante de la clase trabajadora y un descenso insoportable en la calidad de vida de los ibicencos. Pero las redadas van dirigidas contra los trabajadores pobres que no pueden permitirse pagar un alquiler, en vez de hacia los auténticos culpables de esta deriva infumable.

¿Qué pasaría si los medios policiales que se destinan a desmontar poblados chabolistas por ilegales, se invirtieran en combatir, por ejemplo, el tráfico de drogas que se produce en torno a la industria del ocio? No hay un solo ibicenco que desconozca la existencia y profusión con que dicha actividad se desarrolla, pero las fuerzas policiales parecen vivir en la inopia, salvo en el asedio al pobre.

La presión sobre los campamentos urbanos de infraviviendas únicamente va a seguir empujando a quienes residen en ellos hacia los bosques, multiplicando el peligro de incendios. Y eso sí es una «bomba de relojería», tal y como definen los informes municipales lo que ha estado ocurriendo en sa Joveria.

Es obvio que este tipo de asentamientos no pueden expandirse, pero algo habrá que hacer a favor de quienes ya están aquí y viven en la calle o en sus vehículos, más allá de asediarles constantemente con controles y amenazas. Habrá que habilitar espacios provisionales hasta que esta situación se arregle para todos aquellos que tengan contratos en vigor; lugares donde puedan instalarse con agua corriente, electricidad, seguridad y unas condiciones mínimas de organización e higiene, sin que se genere peligro de incendios, a cambio de un precio justo que no genere costes a los contribuyentes. Al mismo tiempo, se debería controlar a las empresas turísticas para que no contraten a trabajadores que no dispongan de un techo propio o alquilado.

Al igual que la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma, las caravanas y las chabolas tampoco se esfuman de forma espontánea, sino que se trasladan de un sitio a otro. Pese a tal obviedad, la estrategia que han desarrollado hasta la fecha nuestros gobernantes representa un absoluto fracaso, además de una vergüenza.

@xescuprats

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