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Opinión | Editorial

Es urgente solucionar el colapso de la ITV de Ibiza

La prestación del servicio por parte de empresas es la fórmula del Consell para reducir esperas de varios meses para conseguir una inspección

Fachada de la ITV de Santa Gertrudis

Fachada de la ITV de Santa Gertrudis / JA RIERA

El mal funcionamiento de la ITV en Ibiza se arrastra desde hace años, sin que la estación móvil del Recinto Ferial haya sido suficiente para descongestionar este servicio fundamental. Las citas se llegan a dar con hasta seis meses de plazo, lo que acarrea serios perjuicios para ciudadanos, autónomos y empresarios, pues no pueden cumplir con la obligación de pasar la inspección, y se enfrentan a la tesitura de mantener inmovilizados sus vehículos o exponerse a multas por circular con ellos sin la preceptiva certificación de que se encuentran en condiciones óptimas.

El Consell Insular no ha conseguido hasta ahora una solución duradera y eficaz a este problema, una asignatura pendiente que no han resuelto equipos de gobierno ni de izquierda ni de derecha; aunque todos eran muy críticos con la situación cuando estaban en la oposición, ninguno ha logrado ponerle remedio cuando ha tenido la responsabilidad de hacerlo.

Ahora, el gobierno del PP en la institución ha aprobado el nuevo reglamento regulador del procedimiento de autorización administrativa para estaciones de ITV en la isla, lo que permitirá que empresas privadas puedan prestar este servicio, tal y como ya ocurre en otros muchos lugares del país. Estas instalaciones estarán supervisadas por el Consell y deberán reunir los requisitos técnicos y de calidad exigidos, como es natural, por lo que el servicio para los ciudadanos no tiene por qué empeorar. Al contrario, previsiblemente servirá para acabar al fin con las largas esperas para conseguir pasar la ITV, por lo que a priori y mientras no se demuestre lo contrario, es un paso beneficioso para los usuarios. La oposición del PSOE y Unidas Podemos es contraria a esta opción, pues consideran que supondrá la desaparición de un «servicio público esencial» y advierten de que las tarifas, que ahora son de las más bajas del país, según aseguran, aumentarán notablemente.

Pero para los ciudadanos, lo que no es sostenible es tener que esperar durante meses a una revisión de los vehículos que es obligatorio pasar en un plazo determinado. Por tanto, si la privatización del servicio sirve para acabar con el colapso y está funcionando bien en otros lugares, bienvenida sea, siempre y cuando se preste con la calidad y las garantías requeridas.

Por otra parte, el Consell implantará el pago anticipado de la inspección con el objetivo de reducir el absentismo, otra medida necesaria para mejorar el funcionamiento de la ITV. No es de recibo que haya esperas de meses para lograr la revisión y al mismo tiempo queden citas desiertas porque los conductores no acuden y no las anulan, lo que denota una escasa responsabilidad ciudadana. Este mismo problema existe en otros servicios públicos que están igualmente saturados, como los centros sanitarios o el SEPE, por poner dos ejemplos, en los que cada día hay usuarios que faltan a sus citas, sin reparar en que otras personas podrían haberse beneficiado si ellos hubieran dedicado unos minutos a cancelarlas.

Agilizar y descongestionar la ITV de Ibiza es urgente, y las medidas adoptadas en esta dirección, incluida la prestación del servicio por parte de empresas privadas, son necesarias ante el colapso de la gestión directa por parte del Consell. Todas las medidas aplicadas hasta ahora han sido inútiles o insuficientes para atender en tiempo y forma las necesidades de la isla, así que es hora de poner en práctica otras fórmulas que permitan lograr el objetivo elemental de dar un servicio bueno y rápido a los ciudadanos.

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