Aena tiene que atender la voluntad de Ibiza

El proyecto de ampliación y reforma del aeropuerto de Ibiza ha levantado críticas generalizadas en la isla, tanto por su desmesura como por el rechazo a un aumento de la capacidad de la terminal y, por tanto, del número de viajeros que puede gestionar. La isla ya no puede soportar más presión humana en temporada alta. Es una de las pocas cuestiones sobre las que hay unanimidad social y política en la isla: el principal reto es lograr la sostenibilidad de la industria turística en una isla cuyos recursos están al límite en los meses de mayor afluencia de visitantes. Ya no se puede crecer más.

Ante el rechazo que ha suscitado el proyecto, Aena tiene la obligación de replanteárselo, y de hacerlo teniendo en cuenta el criterio de las instituciones locales, especialmente el Consell Insular, cuyo presidente denuncia que la empresa gestora de los aeropuertos españoles no les ha facilitado ninguna información ni han tenido ninguna participación en los planes para reformar la terminal. Es un grave error de Aena ningunear a las instituciones representativas de la isla, aunque tampoco es una actitud nueva porque ha venido haciéndolo sistemáticamente desde hace décadas. Pese a la cascada de reacciones en contra desde que sus planes trascendieron a la opinión pública, en febrero pasado, se ha mantenido en silencio sin dar la menor explicación ni entablar ningún diálogo. Este diario ha preguntado durante días a Aena qué aumento de tráfico y de capacidad operativa permitirá el proyecto, y finalmente la compañía respondió el pasado martes, por medio de su gabinete de prensa, que “el objetivo no es conseguir un incremento de la capacidad del aeropuerto, sino modernizar las infraestructuras”. Una explicación que no encaja en absoluto con la magnitud de las obras previstas, con una inversión de 229,7 millones entre 2027 y 2031 y un incremento de un 29% en la superficie aeroportuaria, así como pasar de las actuales 17 puertas de embarque a 32, entre otras actuaciones. Para nada es creíble que Aena se plantee un proyecto de estas dimensiones y este coste si detrás no hay una previsión de incremento de operaciones, y por tanto de negocio. El PP asegura que esta remodelación permitirá alcanzar los 12 millones de viajeros al año (ahora son nueve). Es evidente que cuanto mayor sea el tráfico en el aeropuerto, más beneficio puede obtener la empresa, que es su principal objetivo.

Aena es una empresa de mayoría de capital público que cuenta con accionistas privados; cotiza en bolsa, pero en último término, depende del Gobierno, que es su accionista mayoritario, por lo que es especialmente significativo que el grupo del PSOE en el Consell haya exigido la retirada del proyecto de ampliación del aeropuerto, lo mismo que Unidas Podemos. El PP ha registrado una proposición no de ley en el Parlament balear en la que rechaza el proyecto porque “va en la línea contraria a las políticas de contención turística que promueven el Govern y el Consell de Ibiza”, con medidas como la lucha contra la oferta ilegal, la regulación del acceso de vehículos en verano o la contención de las plazas turísticas.

El argumento del Consell, los ayuntamientos ibicencos y los partidos es el mismo: se oponen radicalmente a una ampliación del aeropuerto que suponga un aumento de su capacidad y, por tanto, de la presión turística en la isla. Todos coinciden además en la necesidad de implantar un modelo basado en la sostenibilidad económica, social y medioambiental, en el que hay que descartar aumentar en cantidad.

Aena está acostumbrada a gestionar el aeropuerto de Ibiza sin tener en cuenta al Consell, que es la máxima institución de la isla, lo mismo para convertir la terminal en una gigantesca valla publicitaria que para diseñar la ampliación de las instalaciones. Resulta sorprendente también que una compañía como Aena, que presume de ser “líder en el mundo en gestión de infraestructuras aeroportuarias”, no tenga una estrategia de comunicación ante una crisis como la que se ha abierto en la isla, y no haya ofrecido explicaciones públicas hasta esta semana, aunque absolutamente insuficientes.

El aeropuerto es una infraestructura pública estratégica y de interés general. Es la principal vía de entrada a la isla, por lo que sin contar con Aena todos los esfuerzos por reducir la presión humana en los picos de la temporada serán infructuosos. De ahí que Aena no pueda actuar de forma unilateral, ignorando los esfuerzos que se están haciendo en la isla por lograr la sostenibilidad del modelo turístico con el fin de garantizar el futuro. Estos hechos demuestran de forma contundente por qué es necesaria la cogestión aeroportuaria: el Govern balear y las instituciones locales deben participar de las decisiones que afecten a esta instalación clave para la isla. Obras para mejorar el servicio y la seguridad, bienvenidas sean. Pero no para aumentar el tráfico aéreo y la presión humana sobre una isla que alcanza puntas límite que no solo no se deben superar, sino que hay que rebajar.