La ‘otra’ regularización y el derecho de voto

De forma paralela al proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes, aunque con mucha menor visibilidad, se está desarrollando otro proceso, el acceso a la nacionalidad desde el exterior a través de la Ley de Memoria Democrática. Una medida, conocida como la “ley de nietos”, que se inscribe en una política de reparación del exilio provocado por la Guerra Civil y la dictadura y que retoma y amplía la Ley de Memoria Histórica, incorporando nuevos supuestos y corrigiendo limitaciones previas, especialmente en relación con la transmisión de la nacionalidad por parte de mujeres españolas, y cuyos principales beneficiarios son hijos y nietos de exiliados, concentrados sobre todo en América Latina. El procedimiento, tramitado mayoritariamente a través de consulados, ha generado 2,4 millones de solicitudes, de las cuales cerca de 550.000 han sido resueltas hasta el momento.

La diferencia entre ambos procesos es sustancial. La regularización migratoria extraordinaria reconoce jurídicamente la residencia de personas que ya viven y trabajan en España, otorgándoles derechos administrativos y laborales, pero sin incorporarlas al cuerpo político ni ampliar el demos. Los regularizados siguen siendo extranjeros y no adquieren ni la ciudadanía ni los derechos políticos asociados.

En cambio, la “ley de nietos” sí supone una extensión del demos, ya que concede directamente la nacionalidad española a personas que, en muchos casos, no han residido nunca en España y probablemente nunca lo harán. Se trata, por tanto, de un proceso con un impacto demográfico limitado, pero con potenciales consecuencias políticas al incrementar el censo electoral, especialmente el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA). Y aunque la participación del voto exterior tradicionalmente es baja y con un impacto limitado, puede resultar determinante en contextos electorales muy competitivos, como ya ocurrió en las elecciones generales de 2023, cuando el último escaño por Madrid se decidió tras el recuento del voto CERA, que terminó otorgándolo al PP en detrimento del PSOE.

Todo ello invita a reflexionar en torno a los criterios de pertenencia política. En España, como en la mayoría de democracias liberales, los derechos políticos siguen vinculados principalmente a la ciudadanía y no necesariamente a la residencia efectiva o a la contribución fiscal. Así, mientras muchos inmigrantes regularizados viven, trabajan y pagan impuestos sin gozar plenamente de derechos políticos, personas cuya única vinculación con España es la herencia familiar pueden incorporarse al cuerpo electoral y participar en decisiones colectivas sobre el futuro del país aun sin residir, trabajar o contribuir económicamente. La cuestión de fondo, por tanto, es hasta qué punto las democracias contemporáneas deben seguir vinculando los derechos políticos exclusivamente a la nacionalidad formal y no también a la implicación real y a la contribución efectiva a la vida económica y social del país.

Suscríbete para seguir leyendo