Opinión | Tribuna
Consigamos un win-win para la infancia maltratada y los propietarios de viviendas vacías

Viviendas en construcción en Santa Eulària. / Vicent Mari
Me gustaría que este artículo saliera muy bien: brillante, inspirado, leído por mucha gente y capaz de llegar tanto a los corazones como a las mentes, especialmente a las de quienes tienen el poder de resolver el problema que expone Marisina Marí en la entrevista publicada por este diario el pasado día 11.
Marisina es la presidenta de la ONG Conciencia, una organización que trabaja de forma admirable y completamente desinteresada con la infancia maltratada y, especialmente, con las víctimas de abuso sexual infantil. Un asunto durísimo, de los que más duelen como sociedad.
Cuenta Marisina que en Ibiza faltan psicólogos, tanto forenses en el juzgado como en su propia organización. Explica también que hay niños en riesgo de suicidio y que, con una atención adecuada, muchas de esas tragedias podrían evitarse.
Los psicólogos son una pieza imprescindible en la recuperación de un menor maltratado. Sin ellos, los procesos judiciales se ralentizan o incluso quedan bloqueados, el juez necesita los informes psicológicos para adoptar medidas de protección y, sin esas medidas, muchos niños se ven obligados a seguir conviviendo con su presunto maltratador o abusador.
Continúa Marisina explicando que reciben currículums de psicólogos interesados en trabajar en la isla, pero que la mayoría termina desistiendo por el problema de la vivienda y el altísimo coste de vida en Ibiza.
Y, al mismo tiempo, sabemos que existe un número importante de viviendas vacías cuyos propietarios no quieren alquilar. En muchos casos, con razón: no son pocas las ocasiones en las que el inquilino deja la vivienda en muy mal estado y acumula impagos de alquiler y suministros.
¿Tiene solución este problema? Creo que sí. ¿Es fácil? Probablemente no. Pero sobre quién debe dar el primer paso no tengo ninguna duda: las administraciones públicas —estatales, autonómicas o locales— deben intervenir. Para eso existen.
¿Por qué no impulsar un gran pacto entre propietarios y administraciones que permita ofrecer viviendas seguras y asequibles a los psicólogos que necesita la infancia maltratada, garantizando al mismo tiempo a los propietarios el cobro del alquiler y la cobertura frente a posibles daños o impagos?
Un acuerdo que, además, debería publicitarse y reconocerse adecuadamente, para que quienes tengan una vivienda vacía sepan que pueden contribuir de manera directa a proteger a niños especialmente vulnerables con plenas garantías para ellos.
Y si además hubiera que subvencionar parte del alquiler, que se haga. Se subvencionan asuntos y eventos de muchísimo menor interés social que este.
La infancia no vota. Y precisamente por eso necesita adultos y gobernantes que la protejan. Mucho más aún si hablamos de infancia maltratada.
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