Apelar a la conciencia

Imagen de archivo de viviendas en el centro de Ibiza. / Vicent Marí

En esta última semana hemos visto cómo dos personalidades muy relevantes del archipiélago han apelado a la conciencia de la ciudadanía, y en concreto a la de los propietarios de viviendas en alquiler, para evitar que los precios de los pisos sigan subiendo como un suflé. La crisis continúa agravándose temporada tras temporada y las políticas públicas en la materia, que, en realidad, salvo pequeñas operaciones de maquillaje, brillan por su ausencia, no consiguen generar el menor alivio a la población ni efecto positivo alguno.

El último en apelar a la conciencia del residente en este sentido ha sido el obispo de Ibiza, Vicent Ribas, que lo hizo el pasado domingo, a través de una entrevista en este periódico, que dio mucho de sí. El prelado, en su diálogo con el periodista José Miguel L. Romero, exhibió un discurso sin medias tintas y por encima de ideologías, en el que, por ejemplo, empatizaba y se ponía del lado de los menores que han sufrido abusos sexuales en el seno de la Iglesia, que no es algo que siempre haya ocurrido en la institución a la que representa. También se declaró claramente favorable al proceso de regularización de inmigrantes iniciado por el Gobierno central, bajo el argumento de que la gran mayoría de los beneficiarios son buenas personas que sólo vienen a buscar una vida mejor para ellos y sus familias.

En cuanto al asunto de la vivienda, Ribas pidió contención a sus feligreses con propiedades en alquiler, porque no se pueden poner según qué precios ni abusar de la manera en que se está haciendo. Ya de paso, dio un repaso a las administraciones locales, porque tampoco puede ser que en un lugar donde se puede construir una vivienda, por culpa de la burocracia, se tarden cuatro, seis, diez o incluso veinte años, tal y como le ocurrió a un familiar suyo, según explicaba. Ni mucho menos es el único.

Que el obispo apele a la conciencia de su rebaño es lógico, dada la situación que padecen miles de residentes en Ibiza y Formentera. Tal vez algún parroquiano incluso rectifique y decida poner la vida un poco más fácil a su inquilino. De hecho, si en la isla todavía no ha habido una revolución social por esta causa es porque algunos propietarios de viviendas en alquiler mantienen unos precios razonables porque su conciencia así se lo impone y, además, no quieren perder a unos inquilinos que a lo mejor pagan la mitad de lo que podrían pedir a otros, pero los conocen, les tienen confianza y saben que con ellos no habrá problemas.

Unos días antes, quien hizo esta misma petición para que no se subieran los precios de los alquileres fue la presidenta del Govern balear. Marga Prohens se expresó en los términos parecidos a los del obispo, aunque su mensaje no tiene la misma autoridad moral y, ante todo, expresa impotencia, falta de ideas y un nulo atrevimiento para afrontar medidas que sí podrían revertir una tendencia que ha convertido la vida en las Pitiusas en un infierno.

El obispo, más allá de exigir cierta ética a quienes le siguen, poca cosa puede hacer. La petición de Prohens, por el contrario, hay que considerarla un brindis al sol y no está exenta de cierto ridículo. Ella sí tiene suficiente autoridad y poder para cambiar las cosas y ha preferido no hacerlo. Su apelación a la «responsabilidad» de los propietarios tuvo lugar en la sesión de control del Parlament, hace justo una semana, donde también criticó las políticas de izquierdas, a las que responsabilizó de la situación actual.

Prohens tiene razón en que los propietarios no están suficientemente protegidos ante fenómenos como la okupación. Sin embargo, dicho problema, en realidad es bastante minoritario, por no decir residual, entre los pequeños tenedores de inmuebles en alquiler. La verdadera causa de la crisis hay que buscarla en la especulación salvaje que azota el sector y el desembarco de todo tipo de sociedades inmobiliarias, fondos buitre, etcétera, que han generado una burbuja bestial que, definitivamente, se nos ha ido de las manos. Nadie ha movido un dedo para impedirla y tampoco Prohens, que se niega a intervenir el mercado y lo único que se le ocurre es introducir otra deducción fiscal para beneficiar a los propietarios que congelen precios. El resultado podemos anticiparlo todos: apenas servirá de nada. Hace falta más valentía y contundencia, y echar la culpa a las administraciones anteriores, cuando ya se llevan tres años gobernando, resulta cuanto menos vergonzoso.

De momento, la única política relacionada con el sector de la vivienda que sí ha resultado expeditiva y contundente ha sido el desmantelamiento de los poblados chabolistas, que en realidad sólo sirve para trasladar el problema a otra parcela o municipio. Por ejemplo, de sa Joveria o Can Misses, a la estructura del hotel inacabado en Cala de Bou.