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Opinión | Editorial

Desalojos chabolistas, el fracaso ante el problema de la vivienda

En solo dos años se han evacuado seis asentamientos de infraviviendas en la isla

En tan solo dos años, ya se han desalojado seis asentamientos chabolistas en la isla de Ibiza, además de un número indeterminado de infraviviendas de todo tipo (tiendas de campaña, vehículos, cuevas, habitáculos hechos de cualquier material) dispersas en bosques y zonas rurales. En este periodo se ha pasado del dramático desalojo de Can Rova a la relativa normalidad de los dos últimos, el de sa Joveria y el de Can Misses, donde los residentes se habían marchado antes y no hubo ninguna resistencia. Se podría decir que se ha normalizado el desalojo de poblados chabolistas, y perfeccionado el procedimiento.

La evacuación de Can Rova dejó impactantes imágenes de agentes antidisturbios junto a madres con bebés en brazos, personas atrincheradas en los que consideraban sus hogares y por los que habían pagado a uno de los dueños del terreno, que hizo negocio con la desesperación de familias que no tenían donde vivir. Aquel primer gran desalojo de un poblado chabolista en Ibiza dejó varias lecciones: la primera, que las personas que viven en esas condiciones no son delincuentes y, por tanto, no se les puede tratar como tales. También, que cuanto más grande es el asentamiento, más difícil es la solución y mayor el peligro de que ocurra una desgracia. Los ayuntamientos han asumido también que deben dar explicaciones a la opinión pública y movilizar a sus Servicios Sociales de forma previa a la evacuación, aunque en la práctica, para los moradores de las infraviviendas, la alternativa real al final es buscar otro lugar donde instalarse, en un juego continuo del gato y el ratón.

Las personas que se ven obligadas a malvivir en vehículos o chabolas ante la falta de alternativa habitacional en la isla no se van a ir, pues la mayoría tiene trabajo e ingresos. De esta forma, cada desalojo lo que hace es cambiar de sitio las infraviviendas y el problema social que representan. La gente tiene que seguir (mal)viviendo en algún lugar, porque el que tiene un empleo y necesita el salario no se va a ir de la isla. Y trabajo, precisamente, sobra en Ibiza, con una economía muy boyante basada en una exitosa industria turística.

En estos dos años se ha perfeccionado el desalojo de asentamientos chabolistas en Ibiza y las instituciones han aprendido a controlar el relato (o al menos son conscientes de la importancia de liderarlo), para evitar el coste en imagen que representa una operación como la de Can Rova. Pero, al mismo tiempo, la emergencia habitacional ha continuado agravándose en la isla: los precios siguen su aumento disparatado y prácticamente no hay oferta de alquiler residencial para todo el año. Tampoco se han aplicado soluciones que hayan mejorado la situación, por lo que gran parte de la población que vive de alquiler lo hace en unas condiciones muy precarias, obligada a compartir vivienda con desconocidos y a pagar sumas muy elevadas que absorben la mayor parte del sueldo. Si bien es cierto que se mantiene la imprescindible ofensiva contra el alquiler turístico ilegal, por el momento no se está traduciendo en un aumento de la oferta de vivienda residencial ni en una reducción de los precios para hacerlos más asequibles. La especulación con la vivienda, a todos los niveles (desde propietarios a inquilinos que realquilan habitaciones), sigue desatada y nada hace prever que la situación vaya a cambiar ni a corto ni a medio plazo. En este contexto, la construcción de viviendas de protección oficial es una gota en el océano, pues tardan demasiado tiempo en ser realidad y son tan pocas que no alteran las inercias especulativas del mercado.

Los asentamientos chabolistas son la evidencia más visible y dramática de la falta de vivienda asequible en la isla, un grave problema sobre el que ni siquiera hay consenso político para aplicar medidas que puedan contener el alza de los precios. Por tanto, el desmantelamiento de poblados e infraviviendas, por muy bien que se ejecute, seguirá siendo la constatación de un rotundo fracaso político a la hora de abordar la emergencia habitacional que causa una crisis social de proporciones y consecuencias terribles.

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