La regularización de inmigrantes exige información y agilidad administrativa

El proceso extraordinario de regularización de inmigrantes ha arrancado en Ibiza con confusión y desinformación. Los afectados van contrarreloj, pues tienen de plazo hasta el 30 de junio para hacer una complicada tramitación, y se están encontrando con mensajes contradictorios por parte de las distintas administraciones, en un ‘vuelva usted mañana’ desesperante que les lleva de una ventanilla a otra y donde ni los funcionarios saben bien lo que hay que hacer. Un proceso de semejantes proporciones requiere una planificación y una coordinación previa con las administraciones que deben participar en la tramitación -comunidades autónomas, ayuntamientos- muy bien armada para evitar precisamente lo que se ha producido esta semana.

La conselleria de Presidencia del Govern balear critica que el Gobierno central no ha facilitado a las administraciones recursos, información y protocolos para afrontar el proceso y se refiere especialmente a los ayuntamientos y entidades sociales. Los fallos en el portal para hacer los trámites telemáticos debido a la saturación del primer día acrecentaron la angustia de los afectados. Al mismo tiempo, el sindicato CGT denuncia que el personal de Correos de la única oficina de Ibiza que se ocupará de la tramitación presencial de las solicitudes, la de la avenida de Isidor Macabich, no recibirá formación específica hasta el mismo lunes, que es cuando empieza el plazo presencial y ya habrá citas dadas.

Una de las cuestiones sobre las que había desconcierto en Ibiza es dónde conseguir el informe que acredita la situación de vulnerabilidad, necesario para la tramitación de la regularización en determinados casos. La conselleria de Presidencia precisa que emitir estos informes no es de su competencia, sino de los servicios sociales municipales, y asegura que los ayuntamientos «tienen muchas dudas»; es evidente que sí. Este diario comprobó la información contradictoria que se está dando desde las instituciones, pues el Servei d’Atenció Ciutadana del Ayuntamiento de Ibiza desconocía si podía emitir el certificado de vulnerabilidad, ya que explicaba que no aparece como entidad colaboradora en el listado publicado por el Ministerio. Oficinas municipales de distintos ayuntamientos en las islas registraron el primer día una avalancha de personas que reclamaban este certificado, lo que provocó el colapso, según denunciaron alcaldes mallorquines del PP. Estos criticaron la falta de información previa por parte del Gobierno central, al que acusan de haberles cargado con el peso de la tramitación, lo que desborda su personal y recursos. No obstante, es preciso recordar que el PP se ha opuesto rotundamente a la regularización extraordinaria de extranjeros aprobada por el Gobierno socialista, y de hecho el Govern balear ha anunciado su intención de recurrirla judicialmente y ha pedido su suspensión. Por tanto, conviene remarcar que las instituciones deben cumplir la ley y las obligaciones que les imponga, especialmente en la atención a los ciudadanos: no deben convertirse nunca en una herramienta al servicio de un posicionamiento político, poniendo trabas para dificultar el procedimiento. Los ayuntamientos, por muy legítimas que sean sus quejas frente a la Delegación del Gobierno, deben buscar la forma para dar las indicaciones oportunas a su personal, organizarlo ante esta situación extraordinaria y atender adecuadamente a las personas que necesitan documentos claves para tramitar sus papeles, como el informe de vulnerabilidad. Y la Delegación del Gobierno debe subsanar la falta de información clara que denuncian los alcaldes, y establecer una colaboración imprescindible para el desarrollo del proceso.

Es necesario solucionar cuanto antes las disfunciones que se están detectando para que los inmigrantes que tienen derecho a acogerse a la regularización de su situación puedan hacerlo sin encontrar obstáculos añadidos a las dificultades que ya tiene el propio procedimiento, que exige unos requisitos que no siempre es fácil acreditar. La falta de información por parte de los trabajadores de la Administración que deben atenderles y los mensajes contradictorios de esta no pueden ser muros contra los que se topan las personas que tienen al fin una oportunidad de arreglar sus papeles y, por tanto, de salir de la situación de vulnerabilidad y precariedad en la que se encuentran, para dejar de ser ciudadanos de segunda en el país que les acoge.