Paso histórico para lograr el senador de Formentera

La lucha de Formentera por conseguir un senador propio ha logrado esta semana un importante hito en el Congreso, donde el pasado jueves se aprobó la reforma del artículo 69.3 de la Constitución, necesaria para que la isla tenga su circunscripción separada de Ibiza. La batalla de Formentera por corregir esta anomalía democrática (es la única isla de España que no tiene senador en la Cámara de representación territorial) arrancó hace ya dos décadas. Se trata de una reivindicación «justa y legítima», como remarca el presidente del Consell, Óscar Portas, que finalmente han apoyado en el Congreso todos los partidos salvo Vox. Ahora el siguiente paso será el Senado, donde se espera un resultado similar al del Congreso, pues los principales grupos votarán con total seguridad en el mismo sentido.

La tramitación de esta iniciativa de reforma constitucional, que ha logrado el inusual respaldo de los dos grandes partidos, Partido Popular y PSOE, ha estado marcada por la incertidumbre, debido al extraño juego de despiste que ha mantenido hasta el último momento el PP, que se abstuvo en dos votaciones anteriores y que no desveló el sentido de su voto hasta el momento de emitirlo.

El apoyo de los populares era imprescindible para alcanzar la mayoría reforzada de 210 diputados del Congreso necesaria para reformar la Constitución. Sin embargo, el PP ha tenido una deriva difícil de entender, que sólo se explica por la batalla partidista sin cuartel que libran los dos principales partidos del país incluso en temas en los que están de acuerdo y deberían actuar conjuntamente, como es este. El PP siempre ha apoyado la reivindicación de Formentera, al igual que el resto de formaciones de la isla, puesto que es una reivindicación que va más allá del interés partidista: era una cuestión de respeto a la singularidad insular y de igualdad con Canarias. Los populares se abstuvieron en la toma en consideración de la iniciativa en el Congreso el 10 de febrero, con el argumento de que temían que las fuerzas de izquierda aprovecharan el inicio de la reforma constitucional para introducir otros cambios ajenos al texto inicial, aunque era un temor absurdo, porque sin el voto del PP no puede prosperar ninguna reforma constitucional y además la proposición que se debatía había sido presentada a las Cortes por el Parlament balear, con el voto favorable de los populares. Es cierto que el PNV presentó enmiendas que nada tenían que ver con la reforma del artículo 69.3, como la petición de un referéndum de autodeterminación o la limitación a la inviolabilidad del Rey, pero esas mociones fueron directamente vetadas por la Mesa del Congreso y ni siquiera se votaron. Sin embargo, el grupo popular volvió a abstenerse en la votación del 18 de marzo, que aprobó que el trámite parlamentario se hiciera por lectura única, una fórmula propuesta por el PSOE, Sumar y Més precisamente para desarmar el argumento del PP sobre el que justificaba su abstención, además de que así se agilizaba el trámite.

Sin embargo, quien sí aprovechó para presentar una enmienda que modificaba la proposición original de reforma de la Carta Magna formulada por el Parlament fue el propio PP, que planteó cambiar el topónimo Ibiza -normalizado desde hace años en el Estatut y otros textos normativos- por Ibiza. Era una clara provocación, un intento de sembrar discordia, en la que no cayeron los partidos de izquierda y nacionalistas.

Al final prevaleció el sentido común y tan solo Vox se opuso a impulsar esta reforma constitucional que reparará una injusticia histórica, más evidente aún desde que en 2007 se creó el Consell de Formentera: la isla tenía un órgano de autogobierno propio, segregado ya del de Ibiza, pero no podía elegir a su representante en el Senado porque en esta Cámara la circunscripción seguía siendo única para las dos Pitiusas porque así lo estableció expresamente la Constitución de 1978.

La parte más complicada de esta larga tramitación parece que ya se ha superado, aunque ha de obtener aún el refrendo del Senado también con mayoría de tres quintos. La reforma tendría que someterse a referéndum únicamente si, dentro de los quince días siguientes a su aprobación definitiva por las Cortes, lo solicitara una décima parte de los diputados o senadores, pero el único partido que se ha opuesto y podría tener interés en ello, Vox, no cuenta con los escaños necesarios para forzar esa consulta, de modo que, cumplido ese plazo de dos semanas establecido por la Constitución, la reforma podría ser definitivamente sancionada por el Rey y promulgada para que, en las próximas elecciones generales, Formentera pueda elegir, al fin, su propio senador. Es una prueba más de que incluso las aspiraciones más complejas, como lo es una reforma constitucional, pueden prosperar cuando cuentan con un amplio respaldo político. Mejor nos iría si cundiera el ejemplo y las principales fuerzas políticas trabajaran codo a codo para hacer posible todo aquello en lo que coinciden, como han hecho con el senador de Formentera, y se afanaran menos en construir muros artificiales de enfrentamientos e incomunicación entre ellos.