La Memoria Histórica no puede ser objeto de mercadeo político

En su segundo intento, Vox ha logrado una de sus promesas electorales fetiche: derogar la Ley de Memoria. Su iniciativa ha salido adelante en el Parlament en una tensa sesión, con el apoyo del PP, la oposición de la izquierda y del ‘fuego amigo’ del diputado de Formentera y la protesta de familiares de las víctimas y entidades a las puertas de la Cámara. Culmina así un largo proceso, que echa por tierra el intenso trabajo de normalización democrática de 2018, cuando se aprobó la ley ahora sepultada. Aquella sesión tuvo un clima muy distinto. Todos los grupos se felicitaron por el esfuerzo conciliador y el alto grado de consenso alcanzado en la exposición de motivos y en la voluntad de tener presentes a todas las víctimas. De hecho, tras aceptarse una enmienda en la tramitación parlamentaria, se amplió el reconocimiento de víctimas a cualquier persona que con relación a la Guerra Civil y a la dictadura franquista en Balears hubiera sufrido daños, incluidas lesiones físicas y mentales, padecimiento emocional, pérdidas económicas o la restricción sustancial de sus derechos fundamentales. No era una ley de bandos, era una ley de reparación y justicia, fundamentada en la historia y en los derechos humanos. Los peros de las derechas —entonces no estaba Vox pero sí Ciudadanos— se focalizaron en las sanciones previstas por incumplimiento de la norma, de 200 a 150.000 euros, cuantías que les parecían excesivas. En lo sustancial, en el relato compartido de lo que ocurrió en aquel oscuro periodo de la historia hubo entendimiento.

Todo ese caudal democrático se ha esfumado con la irrupción de la ultraderecha en la escena política. El desafiante pulgar hacia abajo del diputado de Vox en el Congreso Jorge Campos ante familiares de represaliados del franquismo y activistas lo dice todo. Los ultras dejaron de lado su particular guerracivilismo interno para celebrar su proeza con fotos de grupo en el Parlament. Los populares quedan tocados por sus vaivenes y la precaria fiabilidad de su palabra. Tras haber secundado buena parte de la ley, aceptaron suprimirla en el marco del pacto con Vox por la investidura de Marga Prohens. Llegada la hora, los populares no lo apoyaron por otro pacto, esta vez con la izquierda, que lo exigió a cambio de auxiliarle con sus votos para retirar el desaguisado de unas enmiendas de los de Santiago Abascal introducidas «por error» en la ley de simplificación administrativa. De nuevo, giro de guion. El PP vuelve ahora a apoyar la derogación como pago en diferido al respaldo de Vox al presupuesto de 2025. No puede ser que una ley de ese calado para la convivencia democrática sea objeto de mercadeo político. No puede ser que el texto, sin cambio alguno en su articulado, merezca ser salvado y enterrado por urgencias de gobernanza. A la vista del resultado, la izquierda ha pecado de ingenuidad. Ante la desazón generada, el Govern asegura que mantendrá el servicio de atención a familiares y descendientes de las víctimas, así como el plan de fosas y actos memorialistas. Unas medidas insuficientes para quienes luchan no solo por la memoria de los represaliados, también por el conocimiento y divulgación en toda su extensión de aquel horror. Con los acuciantes problemas que tenemos ante los conflictos bélicos del presente, también esta guerra, por el bien de todos, debería de terminar. Pero pasar página exige que la página sea escrita y, sobre todo, un talante y un clima muy distinto al vivido esta semana en el Parlament.