El tercer factor de la crisis

Parece incontestable que la crisis de la vivienda es peor en Ibiza que en ningún otro enclave del país. En primer lugar, por nuestra condición de isla, con unas limitaciones geográficas evidentes, que, a diferencia de lo que ocurre en otras latitudes, nos impide alejarnos para buscar casa sin tener que renunciar a seguir conectados al sitio donde nacimos, trabajamos, vivimos y hacemos nuestra vida social junto a familiares y amigos, que, en gran medida, es el ingrediente que aporta felicidad a nuestras vidas. La crueldad con que el sistema trata a quienes no pueden hallar un hogar en la isla, teniendo que abandonarla a la fuerza, es semejante a la impotencia del emigrante que abandona su tierra por necesidad, con la diferencia de que el residente ibicenco tiene que hacerlo aunque disponga de un trabajo digno o una pensión de jubilación que en cualquier otro lugar le permitiría mantenerse a flote.

En segundo término, hay que destacar la especulación salvaje, sin freno, que asola la isla y que ha configurado un ecosistema donde las familias medias residentes no pueden competir a la hora de adquirir o alquilar un hogar, frente a fondos de inversiones, extranjeros con alto poder adquisitivo en busca de segundas residencias y el tantas veces citado uso turístico ilegal de la vivienda residencial, que empeora cada año aunque desde las instituciones nos vendan lo contrario.

Pero, además, hay un tercer factor que agrava el problema de manera tangencial y al que por ahora nadie alude de forma directa y contundente: existe una bolsa enorme de pisos y chalets pertenecientes al mercado residencial que se concentra en manos de las empresas turísticas, como cadenas hoteleras y discotecas, tanto a través de la compra como del alquiler, para asegurarse un techo para sus empleados de temporada, incluso reteniendo dichas viviendas todo el año. Estas compañías tienen capacidad para ofrecer unas cifras mucho más elevadas que las familias ibicencas y algunas incluso operan con dinero negro o hasta pagan un año por adelantado. Al residente no le dejan ni las migajas.

Este tercer factor es extraordinariamente preocupante, porque las empresas turísticas, muy especialmente las hoteleras, deberían procurar alojamiento por sus propios medios a los empleados foráneos, en lugar de quitárselos a los residentes. Para eso tienen grandes edificios, que pueden compartimentar para acoger a sus trabajadores, tal y como se hacía antaño. Y luego están las discotecas, que manejan unos ingresos extraordinarios y que, desde hace algunos años, utilizan en parte para acumular viviendas de alquiler con idéntico objetivo.

A este paso, en Ibiza sólo residirán extranjeros del norte con dinero y trabajadores de temporada, expulsando a todo oriundo sin casa en propiedad. El problema se multiplica cada año y desde la política aún no hemos visto hacer nada productivo. Porque, seamos serios, unas docenas de casas de protección oficial para dentro de muchos años, mientras el problema se sufre de manera encarnizada ahora mismo, constituye una tomadura de pelo al ciudadano desesperado.

Decía el presidente del Consell Insular, Vicent Marí, en una jornada celebrada hace dos semanas, bajo el título ‘Vivienda en Ibiza: ¿hay soluciones mágicas?’, que la prioridad de las políticas públicas tiene que ser garantizar que quien ya reside en la isla pueda continuar en ella con unas condiciones dignas. «No podemos permitir que las familias que han construido esta isla queden fuera del mercado residencial ni que el parque ordinario se convierta exclusivamente en segunda residencia o en activo de inversión», dijo. Toda la razón.

Sin embargo, luego nos encontramos que su propio partido ha votado en el Parlament balear en contra, junto a Vox, de una propuesta para establecer restricciones de carácter extraordinario y temporal para la compra de viviendas por parte de no residentes en aquellos municipios donde el mercado inmobiliario esté especialmente tensionado y el acceso a un hogar en condiciones asequibles no esté garantizado para la población local. Desde el Partido Popular, argumentan que han votado en contra porque dicha propuesta es jurídicamente inviable. Quizás sea cierto y haya que complicarse mucho más la vida para encontrar soluciones que frenen la orgía de especuladores. Pero, ¿cuál es la alternativa que nos propone dicho partido? ¿Van a limitarse a decir que no sin plantear otras soluciones lo suficientemente contundentes como para que sirvan de algo? ¿Piensan al menos impulsar con urgencia un cambio legislativo utilizando el poder que tienen a nivel estatal y europeo que permita poner límites? Mientras en Ibiza nos dicen blanco, en el Parlament votan negro.

Están muy bien las palabras, pero ha llegado el momento de los hechos. No hay asunto más urgente, dramático y desequilibrante desde un punto de vista social que esta crisis de la vivienda, que nos expulsa a los ibicencos de nuestra tierra porque los intereses turísticos y especulativos están por encima del derecho y la dignidad del residente. Hagan algo y háganlo ya.