Agresores machistas que campan a sus anchas

Es gravísimo que mujeres que cuentan con medidas de protección por ser víctimas de violencia machista por parte de sus parejas o exparejas sean agredidas y asesinadas. Estos casos ponen de manifiesto la urgencia de revisar los mecanismos de protección, los protocolos y la actuación de los profesionales que, en cada ámbito, han intervenido, porque es evidente que no han sido capaces de garantizar la seguridad de estas mujeres.

Uno de estos casos ha ocurrido en Sant Antoni: un hombre con orden de alejamiento (de solo cien metros, algo sorprendente) y pulsera para avisar a la Guardia Civil si incumple esa distancia intentó matar a su expareja, una mujer de 31 años con la que tiene dos hijos. El dispositivo no funcionó, a pesar de que el Ministerio de Igualdad asegura que sí, con una explicación que contradice los hechos constatados en el informe de la Guardia Civil que figura en la causa judicial: los agentes afirman (como denunció la familia desde el principio) que el dispositivo se activó cuando llevaban varios minutos en la casa, a la que acudieron por la llamada de un familiar, y cuando el agresor ya había dado una brutal paliza a la víctima, que se debate entre la vida y la muerte. El informe de la Guardia Civil y fuentes de la Sección de Violencia sobre la Mujer de Ibiza ponen en entredicho la versión de Igualdad, que quiso desmentir las quejas de la familia por el fallo del dispositivo. El Ministerio está obligado a analizar en profundidad por qué falló el mecanismo y por qué difundió una explicación que no se corresponde con los hechos y que encima desacreditaba la versión de la hermana y los padres de la víctima, testigos de la agresión. La estrategia de defender lo que es evidente que no ha funcionado no sirve para corregir los fallos y evitarlos en otros casos. Es una táctica irresponsable e inadmisible.

La pulsera para controlar si el agresor se acerca a su víctima solo se impone en los casos más graves de riesgo para ella, por lo que es inconcebible que una mujer con las máximas medidas de protección haya acabado en la UCI por una nueva paliza de su maltratador. Es preciso depurar responsabilidades en todos los niveles y revisar también si las medidas judiciales fueron adecuadas, pues una orden de alejamiento de tan solo cien metros es a todas luces insuficiente para garantizar la seguridad de la víctima. Fuentes judiciales de la Sección de Violencia sobre la Mujer aclaran que ni la Fiscalía ni la acusación solicitaron una mayor distancia, por lo que el juez no la pudo ampliar. Más errores en esta sucesión de despropósitos con consecuencias fatales.

Pero es más: estas mismas fuentes, solventes, denuncian que existen «unas lagunas legales de desprotección y de fallo absoluto del sistema. El sistema Cometa [las pulseras de geolocalización del agresor] no funciona. En este caso tampoco ha funcionado y no viene ni de cien metros, ni de 350 metros, ni de medio kilómetro [la orden de alejamiento]».

Por si fuera poco, el agresor había sido condenado por dos delitos de violencia de género sobre su expareja solo 40 días antes de que la apaleara hasta dejarla en estado crítico. Las penas fueron trabajos en beneficio de la comunidad y una orden de alejamiento (que ya estaba en vigor antes) de más de tres años; es decir, este maltratador reincidente estaba libre y por eso, y por todos los fallos del sistema que lo permitieron, pudo entrar a la vivienda de la mujer y atacarla de forma salvaje.

Lo que no ha trascendido es si este hombre tenía régimen de visitas sobre sus dos hijos pequeños, pues en ese caso se les estaba poniendo en un serio riesgo. Lamentablemente, aún hay profesionales en los ámbitos judicial y policial que siguen dudando de las mujeres que denuncian violencia machista por parte de sus parejas o exparejas, un delito que se comete en la intimidad del hogar, en el que no suele haber testigos y que tiene unas características muy específicas: se trata de las únicas víctimas que encubren a su agresor y que son muy reacias a denunciar, por terror, por dependencia emocional y económica o por otras razones que conforman un cuadro extremadamente complejo. Suelen estar anuladas y aisladas por el maltratador y la mayoría teme que acusarle solo serviría para agravar la violencia y para ponerse aún más en riesgo, ellas y sus hijos u otros seres queridos.

Protocolos y profesionales, en el foco

Es fundamental revisar los protocolos y mecanismos existentes en los casos de violencia de género, pero no hay que olvidar que son los profesionales (policías, guardias civiles, abogados, fiscales, jueces, forenses, etc.) quienes han de determinar el nivel de riesgo de una mujer y, por tanto, las medidas de protección que necesita.

Otra característica de estos delitos es que las víctimas minimizan la gravedad de la violencia y su percepción del peligro que corren y también lo hacen los funcionarios de los cuerpos de seguridad que deben establecer su nivel de riesgo. En este diagnóstico deberían participar los profesionales de los servicios sociales que conocen en profundidad cada caso y que pueden aportar una visión mucho más ajustada a la realidad que un cuestionario estándar.

Pero lo que es injustificable es que mujeres con el grado máximo de riesgo, con pulseras antimaltrato, no tengan asegurada su seguridad, como en el caso de San Antoni. Solo esta semana, cuatro mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas, así como una niña de doce años y un niño de diez, hijos suyos y de los agresores. Las cifras son alarmantes: este año, en menos de dos meses, ya son diez las mujeres a las que han matado hombres con los que tenían o habían tenido una relación sentimental. Está claro que el sistema hace aguas, no está funcionando, y es urgente adoptar medidas para proteger de verdad a las víctimas y a sus hijos y evitar que los agresores sigan campando a sus anchas. Porque si quienes se atreven a denunciar no están protegidos por el sistema, ¿cómo estarán las que sufren la violencia en silencio, que son la inmensa mayoría?