Es necesario poner límite a la subida de los alquileres

El conseller balear de Vivienda, José Luis Mateo, apela a la buena voluntad de los propietarios para no aplicar aumentos desorbitados en los alquileres, pero al mismo tiempo rechaza de forma categórica la posibilidad de poner topes a los aumentos de precios en zonas tensionadas, tal y como prevé la ley estatal de Vivienda. Concretamente, el Ministerio de Consumo calcula que un total de 24.500 contratos de alquiler tendrán que renovarse en Balears el próximo año y estima que se incrementarán una media de más de 4.600 euros al año, que en Ibiza y Formentera será aún superior, porque son las islas con una emergencia habitacional más grave.

El conseller también señala la necesidad de que toda la sociedad sea consciente «del drama» que se vive en el archipiélago en lo relativo a la vivienda y de que los propietarios «pongan los pisos a disposición de los ciudadanos». El día anterior a estas declaraciones, Cáritas y la Fundación Foessa dieron a conocer los contundentes datos del informe sobre la exclusión y desarrollo social en Balears, que revelan que la tercera parte de la población sufre exclusión residencial y advierte de que la vivienda es el principal motor de la desigualdad en Balears. El estudio alerta de que el precio de la residencia se ha disparado un 41% desde 2018 y que el alquiler medio alcanza ya los 1.600 euros mensuales, un 31% más que en 2019.

Las consecuencias son muy graves, pues en 46.000 hogares las personas caen por debajo de la pobreza severa después de pagar el alquiler y suministros. La situación es mucho más crítica en Ibiza, y de hecho, la Fundación Foessa presentará en enero un informe específico sobre esta isla, donde el chabolismo se ha extendido de forma alarmante en los últimos años. La propia Cáritas pide medidas para frenar las subidas abusivas de precios.

Que ante una situación tan dramática como la que vivimos en Balears, pero especialmente en Ibiza y Formentera, la receta del conseller encargado del área sea apelar a la buena voluntad de los dueños se antoja de una ligereza y una falta de estrategia pasmosa. El PP sigue empecinado en su negativa rotunda a establecer topes a las subidas de precios, sobre todo por una cuestión meramente partidista, de enfrentamiento con el PSOE, pero dadas las circunstancias los gobernantes de las instituciones más cercanas a los ciudadanos, que son las entidades locales (ayuntamientos y consells) y las comunidades autónomas, deben recurrir a todas las herramientas a su alcance para frenar la espiral de subida disparatada de los alquileres, pues tal y como advierte Cáritas la vivienda es hoy por hoy un factor de exclusión social, en Balears, el principal.

Tener empleo ya no garantiza poder tener una vida normalizada, y de hecho, gran parte de las personas que están en situación de exclusión social tienen trabajo, pero el precio de la vivienda las condena a la pobreza o a malvivir en lugares que no tienen las más mínimas condiciones de habitabilidad.

Mientras sea posible especular sin freno con la residencia y aumentar los precios sin ningún límite, esta será la dinámica y los llamamientos a la buena voluntad de propietarios para que renuncien a ganar más son poco menos que una burla a las miles de familias que aguardan con el alma en vilo a que venza su contrato de alquiler y se enfrentan a subidas que muchas de ellas no podrán pagar, pues ya están al límite. Los datos son tozudos y más que alarmantes y los responsables políticos, como la presidenta del Govern y el conseller de Vivienda, tienen la obligación de aportar soluciones a la ciudadanía, más allá de la presentación de promociones de vivienda pública que tardarán tiempo en estar construidas y que no influirán en absoluto en el comportamiento de los precios y en su tendencia al alza. Los problemas no se solucionan apelando a la buena voluntad de los ciudadanos, sino gobernando y tomando decisiones valientes y de calado y rectificando las posiciones políticas si es necesario.

El PP sostiene que establecer límites a los alquileres no ha funcionado en Catalunya y que ha provocado un descenso de la oferta, pero no son esos los datos que aporta el presidente de la Generalitat, Salvador Illa (del PSOE), que defiende por el contrario que han tenido efectos positivos para contener los precios.

Tal como está la situación, poner topes a la subida de los alquileres es una medida urgente que debe aplicarse cuanto antes, pues no hay zonas más tensionadas que Ibiza y Formentera. Impedir a los propietarios aplicar subidas desproporcionadas no es vulnerar su derecho a la propiedad privada, sino evitar que la crisis social causada por la falta de vivienda asequible siga agravándose de forma intolerable.