Vivienda pública en Ibiza, una asignatura pendiente

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, ha presentado un plan para construir más de mil viviendas públicas en el conjunto de Balears, con una inversión de 228 millones de euros, con el fin de hacer frente al grave problema habitacional que ya afecta a todas las islas, pero especialmente a Ibiza y Formentera. Sin embargo, los siete proyectos de las Pitiusas que impulsa el Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) no son nuevos, sino que ya se habían anunciado previamente; de hecho, el más grande, el de Ca n’Escandell, se remonta a 2004 y a lo largo de estos más de veinte años se ha modificado en varias ocasiones y se ha presentado con gran pompa otras tantas, incluso con la presencia de dos ministros.

Precisamente el proyecto de Ca n’Escandell es la mejor muestra de la incapacidad de los gobernantes de uno y otro color político, en los distintos niveles de la Administración (desde los ayuntamientos hasta el Gobierno central, pasando por el Govern balear), para hacer realidad la construcción de viviendas de protección oficial en la isla. Es muy ilustrativo también el hecho de que el proyecto de Sant Antoni sea el primero que el Ibavi impulsa en este municipio.

La secular falta de interés por promover vivienda protegida en las Pitiusas se ha manifestado también en el pasado en las dificultades (o el desinterés) de los ayuntamientos por ceder solares al Ibavi para poder edificar. La especulación urbanística y la deficiente planificación de la ordenación urbana en los municipios pitiusos, desde el boom demográfico y turístico del siglo pasado, dio como resultado una falta de suelo público incluso para equipamientos básicos, como los sanitarios o educativos; con estos precedentes, quién iba a preocuparse por la vivienda pública.

Ahora lo que hay que exigir al Ibavi es que sea capaz de acometer los proyectos anunciados por la presidenta en los plazos previstos, y que no se eternicen, como ha ocurrido en el caso de la promoción de Ca n’Escandell, donde están previstas 170 viviendas. Y que vaya corrigiendo el déficit histórico de viviendas públicas en las Pitiusas.

En cualquier caso, la construcción de pisos protegidos con precio limitado es necesaria, sin duda, pero no soluciona ni por asomo la grave emergencia habitacional que sufren Ibiza y Formentera, pues representan un número relativamente pequeño: los siete proyectos suman 292 viviendas en Ibiza y 60 en Formentera. Sin embargo, la falta de viviendas asequibles, tanto en propiedad como en alquiler, entraña una gran complejidad que requiere de otras medidas en otros ámbitos. Una de ellas, fundamental, es la lucha contra el alquiler turístico ilegal, que aunque está reduciendo el número de pisos dedicados a este uso en Ibiza, no ha logrado aún que esas viviendas se ofrezcan para el arrendamiento residencial, como sería deseable. Es necesario que el Consell y el Govern analicen las causas de este hecho, y también que busquen la forma de que las viviendas que los propietarios mantienen cerradas se destinen al alquiler para residentes o trabajadores de temporada, porque hasta el momento el plan ‘Alquiler Seguro’ del Govern ha sido un rotundo fracaso en las Pitiusas, donde apenas se han adherido propietarios, pese a las interesantes garantías que les ofrece. El miedo a los impagos y a no poder echar a inquilinos morosos o problemáticos ha sido siempre una de las razones por las que muchos propietarios prefieren tener cerradas sus viviendas; el plan del Ejecutivo balear conjuraba estos temores, pero aun así no ha servido para infundirles confianza, en vista de los nulos resultados.

Es hora de dejar de presentar a bombo y platillo los proyectos del Ibavi que ya están en marcha y de agilizar su ejecución, ya lo celebraremos cuando las viviendas estén construidas y se puedan adjudicar. Y es hora, sobre todo, de buscar soluciones de mayor impacto sobre los precios con el fin de parar la espiral especulativa en la que está inmerso el mercado de la vivienda en las islas.