Juicio al fiscal general (II)

Tras un recorrido agreste, el juicio ha llegado a su fin. Esta causa reviste especial gravedad: no se dirime únicamente la posible comisión de un delito de revelación de secretos, sino la utilización de la propia Fiscalía.

Antes de nada, conviene recordarlo: el Estado de derecho garantiza al acusado una triple protección. Debe ser considerado inocente, hasta que una condena firme revierta la presunción; la carga de la prueba recae íntegramente sobre los acusadores; y goza, además, del principio "in dubio pro-reo".

Si el examen de las pruebas deja un margen de duda, la inocencia debe prevalecer. Los sistemas judiciales de países ilustrados coinciden en preferir ver absuelto a un culpable antes que condenado a un inocente.

---

El proceso, rodeado de ruidosas interferencias, se ha conducido con las máximas garantías, por la solvencia y pluralidad de sensibilidades de los magistrados y porque la acusación nace de una investigación avalada por quince jueces. Esa fortaleza institucional contrasta con la presión que asoma cuando el presidente del Gobierno, entrevistado en su periódico de cabecera, proclama hasta siete veces la inocencia del fiscal general.

Pretender anticipar en pleno juicio la valoración de la prueba y el sentido de la sentencia constituye un quebranto inaceptable de la separación de poderes. Más prudente se mostró la ministra de Defensa –magistrada en excedencia–, limitándose a "confiar" en la resolución judicial.

La oposición, que tampoco ha resistido la tentación de señalar culpabilidades, incurre en la misma injerencia, al proclamar que el fiscal general es culpable antes del fallo.

Con la absolución, se celebraría el triunfo de la justicia progresista frente a quienes parecerían haberse rendido a la intromisión política; con la condena, se invocaría un escandaloso "lawfare", se exigiría sofocar la carcundia judicial y se aguardaría al Constitucional. Un anticipo así no resulta baladí.

En cualquier caso, si hay votos particulares, habrá controversia, al considerar media España que el poder judicial carece de independencia y, para los operadores judiciales que actúan como fuentes –incluidos los jueces– el proceso se convertirá en un escarmiento preventivo sin precedentes.

La presunción de imparcialidad queda así abatida sin remedio, de modo que, sea cual sea el veredicto, la dimisión o el cese del fiscal general resultarán ineludibles por pura higiene institucional, hacer un uso militante y abrir cismas dentro de la Fiscalía y entre fiscales y jueces.

No les falta razón a quienes subrayan que el Supremo decidió investigar esta filtración cuando otras, igual o más graves, pasaron inadvertidas. Pero el agravio comparativo no borra la gravedad del caso, ni el deterioro institucional que lo acompaña.

---

Hay días en que el Estado parece mirarse al espejo y no reconocerse. Este juicio pertenece a ese linaje de momentos en que la toga deja de ser una prenda de autoridad para volverse símbolo de fragilidad: un recordatorio de que el poder judicial no está hecho de mármol, sino de hombres. La liturgia del procedimiento convive con la fatiga de la repetición, y los magistrados sostienen la compostura de un país que, más que juzgar, parece justificarse.

La justicia española, tantas veces utilizada como arma arrojadiza, busca ahora defender su propio prestigio. En esa defensa se inscribe la actuación del decano de la Abogacía de Madrid, que consideró de "inusitada gravedad" la nota que el fiscal general habría ordenado difundir sobre conversaciones "absolutamente confidenciales" entre la pareja de una rival política y la Fiscalía de Madrid para alcanzar un pacto de conformidad.

---

En ese espacio intermedio, ha comparecido el fiscal general, figura institucional y política a la vez, que encarna la tensión entre la independencia que proclama y la obediencia que se le supone. Su palabra debería ser la voz del Estado, no de un gobierno; el eco de la Constitución, no el susurro de la coyuntura. De ahí la pregunta que nadie formula en voz alta: ¿habla en nombre de la ley o de la estrategia?

No contaban con que se resistiera a dimitir y defendiera la presunción de inocencia hasta el final, ni con la presunción de culpabilidad que la derecha ha extendido sobre él, ni con una investigación inductiva, aunque avalada por la Sala de Apelaciones del Supremo, sorprendente por su tradicional garantismo.

Al no responder, su comparecencia fue un monólogo sin valor jurídico. Porque cuando no se contestan las preguntas, esas respuestas no están filtradas por el principio de contradicción.

---

Fuera de la sala, el juicio se hace viral. Cada palabra se reproduce para confirmar relatos previos. La justicia real compite con la justicia percibida, y el ciudadano, exhausto, se refugia en la comodidad de sus prejuicios. La bandada mediática necesita más emociones que pruebas y el proceso se desdibuja como una serie cuyo final parece escrito.

Tras la declaración del fiscal general, la deliberación del tribunal. El país espera un veredicto que excede la sentencia: no se juzga solo a los acusados ni a la institución que los acusa, sino a la consistencia misma del Estado. Cuando la Fiscalía y la Abogacía del Estado cuestionan a la Policía Judicial, un espectáculo impropio. El Estado contra el Estado.

Quizá, cuando el fallo llegue, no sea una conclusión sino un espejo. Porque este proceso –más que un ajuste de cuentas, entre animadversiones y versiones antagónicas– es una prueba de resistencia: la de un sistema que aún busca reconciliar justicia y confianza. Hasta entonces, todo queda en suspenso, como si el Derecho también esperara ser absuelto.

Superada la vista oral llega el momento de impartir justicia. El Tribunal Supremo empeña su legitimidad, con el deber moral de neutralidad como exigencia. Una sentencia cuyo veredicto facilitará su cuestionamiento desde el ámbito político.

La política –filtración original, debate generado, intromisión gubernamental, renuencia del acusado a dimitir, ruido comunicativo, rango del principal protagonista– ha sobrevolado desde el principio. Dividida la Fiscalía, la Judicatura, la abogacía del Estado, el periodismo, los políticos y la ciudadanía, todo queda clasificado en bandos irreconciliables.

Es de esperar que la máxima romana "el derecho es el arte de lo bueno y lo equitativo" – "Ius est ars boni et aequi"– se aplique con serenidad y sin presiones de ningún tipo. Y, por supuesto, aceptarla, nos guste o no.