La urgente declaración de zona catastrófica

Casi un mes después del paso de la dana ‘Alice’ y de la tormenta ‘Ex Gabrielle’, que provocaron inundaciones, cortes de carreteras y daños en viviendas y comercios en distintos puntos de la isla, los municipios de Eivissa, Sant Josep, Santa Eulària y Sant Joan, junto con el Consell Insular, han solicitado formalmente al Gobierno de España la declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil, la actual denominación de la antigua ‘zona catastrófica’.

Las solicitudes se han tramitado tras su aprobación en los plenos municipales, el último de ellos en Sant Joan. Su alcaldesa, Tania Marí, señaló que la petición incluye no solo la declaración, sino también la aplicación de las medidas económicas y ayudas previstas en la Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil y en el Real Decreto 307/2005, para atender la restauración de viviendas, negocios y equipamientos dañados por las lluvias.

En Eivissa, el alcalde Rafael Triguero ha reclamado que el Ejecutivo comunique cuanto antes su decisión. «Seguimos reclamando celeridad al Gobierno de España para la declaración de zona de emergencia. Mañana hará un mes de la primera dana y la ciudad de Eivissa no puede entender de plazos administrativos. El Ayuntamiento fue ágil y lo pidió tres días después, pero seguimos sin respuestas», explicó tras la reunión de la junta de seguridad local.

Triguero indicó que mantiene contacto diario con el delegado del Gobierno, Alfonso Rodríguez, para trasladarle la necesidad de «volver a la normalidad después de las inundaciones». El alcalde también apuntó diferencias en los tiempos de respuesta del Gobierno central en comparación con otras zonas de la Península que obtuvieron la declaración de emergencia tras incendios o temporales similares.

Por su parte, el senador autonómico Miquel Jerez ha solicitado en la Comisión de Interior del Senado que se reconozca esta declaración para los municipios de Eivissa, Santa Eulària y Sant Josep, recordando que el temporal del 30 de septiembre «fue una catástrofe que dejó carreteras cortadas, torrentes desbordados, locales anegados, cortes eléctricos y colegios cerrados».

Tanto la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, como el delegado del Gobierno en Balears, afirmaron en los días posteriores a las lluvias torrenciales que el Ejecutivo «estará con Eivissa» y que la respuesta llegaría «en el menor plazo posible». Hasta la fecha, esa resolución no se ha producido.

El Govern balear también ha respaldado la petición y comprometido una ayuda de 5 millones de euros para los afectados. Aunque las medidas concretas aún no se han materializado, el Ejecutivo ha asegurado esta semana que prevé que las ayudas comiencen a llegar antes de Navidad.

Mientras tanto, vecinos y comerciantes de los municipios más perjudicados -Eivissa ciudad, Platja d’en Bossa, el litoral de Santa Eulària y Portinatx- esperan la llegada de las ayudas para hacer frente a los daños materiales y las pérdidas económicas ocasionadas por las lluvias torrenciales.

El Gobierno debe comunicar su decisión de forma urgente y activar los mecanismos previstos para restaurar infraestructuras, viviendas y actividad económica en los municipios afectados. Las administraciones locales han cumplido los trámites; ahora corresponde al Ejecutivo central dar una respuesta efectiva. Aunque la misma celeridad que cabe exigir al Gobierno, debe pedirse también al Govern, Consell y ayuntamientos para que sus ayudas lleguen cuanto antes a los afectados, sin que los procedimientos ni las reclamaciones a Madrid dilaten la inmediatez que necesitan la mayoría de ellos. Por sentido de la responsabilidad, hay que ayudarles ya y dejar para luego los desencuentros sobre plazos o sobre quién ha de cargar en mayor medida con la factura.