«Mientras el Gobierno culpa al turismo,Ibiza trabaja por gestionarlo»

Ibiza ha apoyado la reciente Declaración de Sevilla, suscrita por trece comunidades autónomas, que marca un necesario y urgente punto de inflexión en el debate sobre el futuro del principal motor económico de Ibiza y de España: el turismo.

Las Comunidades Autónomas firmantes, que aglutinan más del 70% de las cifras turísticas nacionales, fueron Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Illes Balears, Islas Canarias, La Rioja, Melilla y Región de Murcia.

La Declaración de Sevilla, firmada bajo el título «Por un Liderazgo Turístico basado en la Gobernanza y la Cohesión Territorial», no es una simple queja territorial, sino una reafirmación del valor del turismo como gran industria nacional y un contundente toque de atención al Gobierno de España ante una deriva política irresponsable y desleal.

El Consell d’Eivissa apoya plenamente los postulados de la Declaración de Sevilla, especialmente aquellos que denuncian la ruptura del diálogo institucional mediante la suspensión de los órganos de diálogo turísticos entre Gobierno y Comunidades Autónomas, y por tanto, del obligado diálogo entre Gobierno y los territorios que, recordemos, ostentamos competencias exclusivas en Turismo. También la manifiesta ausencia de liderazgo en los asuntos que afectan a nuestra principal industria, o la preocupante tendencia del Gobierno central a culpabilizar al sector turístico de su falta de capacidad de gestión en temas estructurales, por el secuestro permanente de sus socios de investidura: la extrema izquierda y el independentismo.

Uno de los puntos clave que defendemos con vehemencia es la necesidad de separar nítidamente la crisis de acceso a la vivienda del desarrollo turístico.

Es un error de diagnóstico y una gran irresponsabilidad política culpar, en primer lugar, al turismo de un problema estructural, cuyo origen está en el manifiesto fracaso de la Ley Estatal de Vivienda, el desplazamiento de miles de españoles de territorios donde el Gobierno no genera oportunidades a otros lugares donde el aumento poblacional empieza a ser un problema, y la falta de compromiso del Gobierno con los propietarios víctimas de incumplimientos de contratos de alquiler, de la okupación, y de la falta de suelo apto para construirse ante una burocracia que crece como un tumor.

Mientras tanto, el Ministerio de Turismo está perdido y ausente, y el Ministerio de Vivienda le roba las competencias y dedica sus esfuerzos a atacar a las familias que se dedican legalmente al turismo con su licencia correspondiente.

En Ibiza hemos demostrado que es posible ordenar el territorio y el mercado alojativo turístico sin demonizar una actividad legal. Lideramos la lucha contra el intrusismo, logrando una reducción significativa de la oferta ilegal: sólo este año hemos eliminado cerca de un millón de pernoctaciones irregulares y retirado cerca de 3.000 anuncios sin registro de plataformas digitales: 7.000 personas dejaron de pernoctar cada día en alojamientos ilegales. Y desde hace ya varios años no se da una sola licencia turística nueva sin otra que sea dada de baja previamente. La ordenación contenida y el combate contra la ilegalidad dan sus frutos.

Esta experiencia nos permite afirmar con conocimiento de causa: las Viviendas de Uso Turístico (VUT), cuando están bien reguladas por la autoridad autonómica o insular, contribuyen a la calidad de la oferta y ayudan a miles de familias ibivencas a completar sus rentas. Mas del 90% de los propietarios de una VUT sólo tienen una vivienda y no son profesionales. No son la causa de la desigualdad habitacional.

En Ibiza hay menos de 2.500 VUT y bajando cada año, mientras según el INE hay 15.000 viviendas vacías todo el año, sin consumos. El problema es la falta de política pública efectiva de vivienda y la búsqueda continua de un chivo expiatorio, que en este momento está siendo el turismo, una estrategia que hemos visto claramente en la deriva del Ministerio de Vivienda.

La solución a los retos que afrontamos, como el crecimiento demográfico y la presión sobre nuestros servicios, no pasa por la criminalización de la actividad turística, sino por la gobernanza, la planificación y la inversión.

La Declaración de Sevilla exige precisamente eso: el respeto absoluto a la competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas en ordenación turística y territorial y, en el caso de Illes Balears, a las competencias de los Consells Insulares.

El Consell d’Eivissa, alineado con el modelo que promueve la Declaración, ha optado por la gobernanza multinivel. Nuestro «modelo Ibiza» se basa en la coordinación de las administraciones, el diálogo con el sector privado y la toma de decisiones basada en datos.

Hemos invertido en tecnología, inspección y normativa para sanear la comercialización online, devolver el equilibrio al mercado y garantizar la seguridad jurídica.

Exigir al Gobierno de España que abandone la política de anuncios vacíos y el aliento a movimientos sociales ‘antiturismo’ a través de las acusaciones permanentes no es más que pedir lo obvio, porque lo contrario solo es irresponsabilidad y poner en riesgo el futuro de muchos trabajadores que viven del turismo.

Ibiza defiende un modelo turístico legal, ordenado y sostenible, cuyo compromiso con la calidad se refleja en la Declaración de Sevilla.

Hoy, nuestro desafío es dimensionar vivienda, movilidad, agua y residuos a la población real que vive en la isla, un crecimiento demográfico que es un reto de gestión, y no culpa de la actividad económica.

La Declaración de Sevilla es la voz unida de territorios que gestionan los principales destinos turísticos de España y que exigen rigor, lealtad y cooperación.

El Consell d’Eivissa seguirá trabajando para un turismo que conviva con la ciudadanía y que opere bajo reglas claras, pero esto exige un Gobierno de España que actúe con seriedad, con planificación y no en contra de quienes cumplimos la ley y sostenemos la economía del país.

El turismo no es el problema, es una parte fundamental de la solución para la vertebración social y económica de España.

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