¿Y si hay más que las pulseras de Igualdad?

Las pulseras de las mujeres maltratadas, cuestionadas tras la incidencia señalada por la Fiscalía en su último informe. Tras publicarse en prensa, la Fiscalía se corrigió, la comunicación fue un mar de dudas y contradicciones y toda la semana se ha debatido sobre la dimisión de la ministra de Igualdad, Ana Redondo. Eso, de forma pública. Queda demostrado que nos leen y escuchan poco porque quienes llevamos años en esto hemos informado de fallos en las pulseras desde la etapa de Rajoy y otros problemas actuales sin recibir apenas atención.

Si el debate público ha sido el descrito, el debate interno entre víctimas ha sido otro. Y es que las que no llevan pulseras también son víctimas y sienten que sus denuncias carecen de visibilidad, debate o interés partidista. Si leen cada año el informe de Fiscalía por completo o el del Defensor del Pueblo, podrían publicarse titulares a diario. Pero no se hace, quizás, porque no siempre todo depende del Ministerio de Igualdad, sino de comunidades autónomas, de ayuntamientos o de instituciones del Estado que se cuestionan bastante menos.

Por ejemplo, podría titularse que hay víctimas de primera, segunda o tercera según donde vivan. Me refiero a las Unidades de Valoración Forense Integral, cuyas diferencias, indica Fiscalía, «comprometen seriamente la protección de las víctimas». Se señalan problemas de personal en Sevilla o Cádiz. Toledo carece de psicólogo fijo. Valladolid carece de esta unidad y los informes se hacen sin protocolos urgentes. Burgos ha triplicado los tiempos de respuesta. Galicia presenta el mayor tiempo de retraso, con casi nueve meses y medio. Las fiscalías provinciales señalan la infravaloración que se produce del riesgo por parte de polícia a víctimas en situaciones vulnerables. Indican que no hay riesgo y se quedan sin protección. Y la misma Fiscalía subraya que este mal diagnóstico impide que muchas accedan a pulseras de protección.

Me falta espacio para seguir, tanto si recupero incidencias del informe de Fiscalía, como del Defensor del Pueblo, donde aparecen además las subcontrataciones, por parte de comunidades, de servicios tan delicados como los puntos de encuentro, sobre todo en casos de violencia vicaria sin reconocimiento aún.

Esto no debe ser un rechazo a las políticas de igualdad; precisas, urgentes y vitales; sino una demanda de iniciativas eficientes, indispensables para que la ultraderecha no haga propaganda ni campaña contra el feminismo. Y dejo aquí la pregunta que me envió una de las víctimas: «Veo sólo pedir que se vaya la ministra, pero ¿cuándo van a exigir los medios la dimisión de quienes sí provocan muertes? Después de que muchas hayan denunciado, y han acabado asesinadas ellas o sus hijos, porque la justicia no las protegió». Ojalá que a la denuncia de las pulseras le siguieran más para que se escuchase a todas las víctimas, pero me temo que va a ser que no cuando la responsabilidad afecta a personas e instituciones de administraciones que siempre parecen ser intocables.

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