Begoña Gómez debe dimitir

El Tribunal Supremo confirmó hace diez años la condena a Jaume Matas a una multa por cohecho, tras la contratación ficticia de su mujer a cargo de una cadena hotelera. ¿Y la esposa que percibió los sueldos en cuestión? No se sentó en el banquillo, fue excluida de la instrucción en los compases iniciales, un gesto a aplaudir y que visto con perspectiva honra al juez José Castro, salvo mejor opinión feminista. Dejar la corrupción política a los políticos es una sana medicina aunque, a raíz de la condena a Begoña Gómez a someterse a un jurado, los puristas de derechas exijan que la pague el que la hace. En tal caso, ¿alguien puede explicar por qué en los centenares de casos de corrupción de cargos públicos no aparecen jamás los interventores, notarios o registradores que a menudo han refrendado los manejos?

A trompicones, y después de elevar al Supremo una imputación macarrónica del ministro Bolaños "sin el más mínimo respaldo indiciario" según el Supremo, el juez Peinado también eleva al banquillo a la segunda dama de España, único cargo político aplicable. Obligado a salir de su estupor, Feijóo ni siquiera demanda la dimisión del esposo de la acusada, sino la traición de los socios de Gobierno. En una de sus célebres entrevistas con Alsina, el presidente del PP llegó a enredarse en que la ahora casi procesada debía dimitir. "Como no dimita de esposa del presidente", fue la única réplica racionalmente posible del conductor del programa.

Y es que Feijóo también tiene una familia, como todos los cargos públicos. Las aguas desbordadas hacia la responsabilidad conyugal intranquilizarán a centenares de gobernantes que han sido generosos con sus familiares. Ahora bien, ni siquiera los textos judiciales morrocotudos cancelan la convicción de que Begoña Gómez no fue contratada por el Instituto de Empresa, ni mucho menos accedió a una cátedra de la Complutense por méritos ajenos a la política. Así que debe dimitir, aunque no se sepa bien de qué.