Opinión | Editorial
La sequía exige medidas contundentes en Ibiza
Es urgente aplicar mecanismos de control sobre la extracción del agua de los pozos y su uso
La llamada de atención de la Alianza del Agua sobre la situación límite en la que se encuentra Ibiza por lo que respecta a los recursos hídricos debe ser tomada muy en serio. Esta plataforma que agrupa a instituciones, asociaciones, patronales, sector privado y otras entidades de la isla, advierte de que los indicadores hidrológicos no reflejan la realidad, que es mucho más preocupante. De hecho, es llamativo que después de 32 meses seguidos en prealerta por sequía, la isla haya entrado en situación oficial de alerta en septiembre, después de que en agosto las reservas hídricas cayeran a un nivel bajísimo del 29%. Sin embargo, no está previsto que se apliquen medidas de reducción del consumo: sólo se impulsarán en octubre si en septiembre se repiten los mismos registros a la baja.
Para empezar, es preciso revisar el Plan de sequía, tal y como reclama el director de la Alianza, Juan Calvo, y adaptarlo a la realidad actual, que requiere medidas más contundentes. De hecho, en situación de prealerta por sequía, el plan ya prevé reducir las extracciones en un 10% en suelo rústico, pero como no hay mecanismos de control, en la práctica es papel mojado porque no es posible comprobar que esa reducción se cumpla.
Llama la atención que haya pasado la mayor parte de la temporada turística sin que se haya implementado ninguna medida para reducir el consumo de agua en la isla, especialmente de las extracciones de los pozos. Ésta última es una de las grandes asignaturas pendientes en Ibiza, donde todavía no se conoce el caudal que se saca de cada perforada ni se controla el uso que se da a esa agua, a menudo destinada a llenar piscinas o regar jardines más propios de otras latitudes. La propia Alianza alerta de que el gasto de caudal de pozo en las zonas rústicas supera al de los territorios urbanos de la isla, algo que no había ocurrido hasta ahora y que pone en evidencia el creciente descontrol existente en el uso de los recursos hídricos, que revela un aumento descontrolado de los «usos residenciales no regulados» a causa del crecimiento urbanístico en suelo rústico.
La disminución de las explotaciones agrícolas en la Ibiza debería traducirse en una bajada del consumo de agua de pozo, pero no es así, sino todo lo contrario: en los últimos años está aumentando, lo que evidencia esa mayor presión de la urbanización dispersa. Mientras tanto, los agricultores ibicencos alertan de que sus perforaciones se encuentran en mínimos históricos y que no recuerdan una sequía tan tremenda. Es urgente, por tanto, que el Govern dé prioridad al proyecto que anunció hace unos meses para monitorizar los pozos de la isla, algo para lo que hace tiempo que hay tecnología pero que no interesa a amplios sectores que prefieren que continúe el descontrol en la extracción de agua para seguir usándola a su antojo.
Da la sensación de que el Govern ha dejado pasar el verano y ha restado gravedad a la situación límite que vive Ibiza para no dar un mensaje alarmante que el sector turístico se habría tomado de forma negativa como un ataque a la imagen del destino en los mercados emisores. Pero no actuar ante un problema y minimizarlo tiene el efecto contrario, como bien sabemos en la isla. Las medidas de ahorro de agua implementadas por ayuntamientos (Ibiza o Santa Eulària) son sin duda positivas, pero son insuficientes. Es precisa una actuación de ámbito insular, coordinada, que no dependa de los límites municipales, liderada por el Govern balear, que es el que tiene las competencias sobre la regulación de los acuíferos. Y en esa actuación habrá que plantearse también la imposibilidad de seguir con el crecimiento urbanístico desenfrenado, que genera una demanda de agua que ya no se puede atender con las reservas subterráneas ni con la capacidad de producción de las desaladoras que tenemos.
La Alianza por el Agua se gestó en 2016 como frente común en las Pitiusas ante una grave sequía, con el fin de impulsar medidas globales que comprometieran a toda la sociedad de cada isla con respecto a la gestión de los cada vez más escasos recursos hídricos. Casi diez años después, la situación es mucho peor y el balance, muy decepcionante.
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